Después de estar fuera de sus funciones durante un mes por la supuesta revisión a la licencia oficial de uso de armamento, el 30 de octubre regresó la Policía Municipal de Culiacán a la vigilancia en las calles de la ciudad capital, sin embargo, el retorno no ha significado que haya mejorado la seguridad ni que la labor preventiva le esté aportando a la tranquilidad de la población y empresas del ramo comercial.
Tal contradicción de más policías y menos protección nutre la hipótesis ciudadana en el sentido de que la corporación es la primera en arrinconarse en la situación de violencia, ya sea por instinto de autoprotección o posiblemente por premeditación que le allana las calles y establecimientos a la delincuencia que se dedica a asaltar, robar, extorsionar y cometer actos de vandalismo contra negocios y sus propietarios.
Inclusive el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, indujo el tema al señalar el jueves que presionará a los mandos de la corporación municipal para que sean atendidos de inmediato actos violentos puesto que “si bien estuvieron un mes fuera o días más, ya están en condiciones porque cuentan con su armamento y cuentan con todo lo necesario para poder hacerlo”.
Esto conlleva a exigirle también al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que su gobierno haga la parte que le corresponde en materia de combate a la delincuencia y deje la comodidad de poner la seguridad a cargo de la fuerza pública federal y estatal, en el clásico lavado de manos que al final de cuentas lo muestra insensible e impasible mientras los culiacanenses son víctimas de la violencia y el amedrentamiento que ésta ocasiona.
Proteger la vida y el patrimonio de los culiacanenses no es una obligación a la cual puedan renunciar las autoridades federales, estatales y municipales, y tampoco es opción que plantee disfrutar y sacarle raja a la parte políticamente rentable y lúdica del servicio público y aventar como papa caliente la responsabilidad de atender la prevención de delitos. Al contrario, en estos momentos difíciles es cuando los funcionarios deben resolver si pueden con el paquete de la inseguridad, o irse para darles oportunidades a otros que se prueben en capacidad y arrestos para rescatar la paz social.
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