Culiacán, Sinaloa.- A sus 34 años de edad, Evelia nunca ha tenido un lugar propio al cual llamar hogar. Cuando era niña, sus papás siempre vivieron en casa de alquiler y desde que decidió vivir sola a sus 20 años, ha pasado por once casas y departamentos distintos pagando rentas que en su momento llegaron a consumir hasta la mitad de su salario.

“Literalmente vivía para rentar”, dijo Evelia.

Esta inestabilidad ha impulsado su deseo de comprar una casa, en donde ella, su hijo y esposo puedan vivir sin la incertidumbre de que podrían ser desalojados en cualquier momento. Una casa en donde, por primera vez, se sienta cómoda desempacando todas sus maletas y decorando el espacio a su gusto.

“Quiero una casa, una propiedad, una seguridad. Tener una casa es tener un bien que estás pagando, pero es algo que no te pueden quitar”. dijo.

Éste deseo se ha visto obstaculizado debido a diferentes situaciones, como que al iniciar su vida independiente sólo accedía a trabajos en donde no le brindaban seguro social o que ahora que ella y su esposo ya cuentan con los puntos necesarios para acceder a un crédito del Infonavit, el monto que les ofrece apenas les alcanza para rentar en zonas periféricas o que consideran inseguras debido a los altos precio de las casas.

“Necesitamos que haya una regulación en el costo de las casas o un apoyo, que el Infonavit preste más dinero”, dijo.

Su situación es como la de muchas otras familias que ante las dificultades de acceder a una vivienda propia y accesible, tienen que vivir rentando y mudándose de casa en casa sin tener estabilidad.

Un paso hacia una posible solución

 

El pasado 1 de noviembre, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una minuta enviada por el Senado de la República para la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual promete otorgar un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores.

De acuerdo con la minuta disponible en la página del Congreso del Estado, dicha reforma establece la creación de un Fondo Nacional de Vivienda alimentado por aportaciones de las empresas, con lo cual se permita ofrecer créditos baratos y suficientes para la adquisición o mejora de una vivienda, así como para el arrendamiento social.

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.

El fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley”, establece la minuta enviada por el Senado de la República”, se lee en la minuta.

Esta modificación al artículo 123 abre la posibilidad de que familias trabajadoras puedan acceder a viviendas en arrendamiento social, cuya renta no sobrepase el 30% del salario. Además, ofrece un camino para que eventualmente adquieran la propiedad.

Además, la reforma estipula que se considera de utilidad la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de las personas trabajadores y empleadoras, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda.

“Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social, antes mencionadas”, señala la minuta.

Establece también que se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia.

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