El 10 de septiembre se concretó la ambición del frente político actualmente afín al oficialismo de reformar al Poder Judicial de la Federación. El dictamen, que viene a cambiar todo el sistema jurídico mexicano, acarrea retos que la ya de por sí poco extendida defensoría pro bono deberá sortear en los años venideros.
José Mario de la Garza Marroquín, abogado enfocado en las causas sociales, explica las implicaciones que la reforma tiene para esta modalidad de trabajo legal:
“Lo que nos tomaba un año nos va a tomar dos. Lo que tomaba un esfuerzo va a requerir más, se va a requerir mucha más dedicación”
Para explicarlo, de la Garza describió que la defensoría legal pro bono es “la atención de problemas sociales jurídicos de forma gratuita por parte de abogados y abogadas”.
La reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, crea toda una nueva normatividad para la impartición e justicia en México.
Algunas de las principales novedades que trae consigo son la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, reducción en la cantidad de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y modificar el juicio de amparo para que las sentencias no tengan efectos generales, de forma que no se permita la suspensión en casos donde se impugne la inconstitucionalidad de normas.
Estas medidas han sido señaladas por la academia, sector privado y organismos internacionales por atentar contra la división e independencia de poderes, así como politizar indebidamente el sistema jurídico.
José Mario de la Garza Marroquín, con experiencia ejerciendo la defensoría pro bono como fundador de la asociación Perteneces, que litiga en favor de poblaciones vulnerables, opinó sobre lo que se puede esperar con la aprobación y puesta en marcha de la reforma, concerniente a dicha forma de ejercer la abogacía.
“Es un reto enorme, va a cambiar todo el sistema. Se va a desmantelar lo que tenemos, va a haber jueces con muchos mayores desconocimientos, va a haber gente muy inexperta, cooptada por estructuras políticas. Desde mi óptica, el poder judicial va a entrar en una situación muy compleja”, dijo.
Consideró que, dadas las circunstancias que establece el nuevo sistema judicial, es de esperar que la defensoría pro bono se vuelva más relevante que nunca.
“Los casos se van a hacer mucho más lentos, entonces el trabajo pro bono se va a hacer mucho más importante porque vas a tener más gente en la cárcel y jueces que no saben operar el sistema. Va a haber que tener defensores que entren al quite a tratar de resolver este problema”, aseguró.
La inexperiencia que, en su opinión, tendrían los nuevos encargados de ejercer las leyes, propiciaría el aumento de personas en situación de vulnerabilidad legal. “Se va a requerir mucha más defensa“, afirma.
La Confederación Patronal de México, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación Internacional de Jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la embajada de Estados Unidos en México, además de los partidos de oposición, son algunas de las entidades que se pronunciaron en contra de la reforma y alertaban sobre los riesgos que implicaba.
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