Con el llamado que realiza la secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado, Gloria Himelda Félix, a confiar en la estrategia de seguridad para que los alumnos de los niveles básico y secundaria acudan a las escuelas, se induce a educandos, maestros y padres de familia a normalizar las actividades lectivas en condiciones de violencia imperante y desafiante.

Para hacer tal convocatoria, las autoridades estatales en materia de educación y seguridad pública deben contar con la total certeza de que las clases en el aula están protegidas de cualquier evento de riesgo que emane de la confrontación entre grupos criminales. Este contexto, que lleva tanto tiempo prevaleciendo, está dejando secuelas en la población adulta, y no debe seguir afectando a la niñez sinaloense.

Se trata de niños y adolescentes que, en lugar de enfrentar escenarios de peligro, merecen y reclaman fundamentos de pedagogía, cultura y convivencia que les ofrezcan horizontes legítimos de futuros venturosos. A la infancia, sus derechos y sueños necesitamos mantenerlos, entre todos, a salvo de hechos de crueldad criminal que anulan los buenos futuros y las mejores prácticas cívicas.

Ojalá que el panorama que presenta la titular de la SEPyC tenga soportes de veracidad, en lo concerniente a que “la institución mantiene de manera permanente el seguimiento y atención de las situaciones que se presentan, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes, así como del personal educativo y la comunidad en su conjunto“.

Poner en buen resguardo la educación significa avanzar hacia niveles de civilidad que representan, al mismo tiempo, la ruta para rescatarnos como sociedad y la mejor vía hacia una niñez que, a través del conocimiento y la inteligencia, sea la semilla de un Sinaloa pacífico, sin plazos de caducidad ni retrocesos. Si somos capaces de proteger las escuelas, sus alumnos y maestros, también somos aptos para poner manos a la obra en la construcción de una paz positiva y perenne.

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