El gobernador Rubén Rocha Moya acude hoy al Congreso del Estado a defender su tercer informe de labores, cargando con el peso de la violencia que durante 81 días ha sido la secuencia de muertes, anarquía y terror dispersados por el crimen organizado en su guerra por el control del Cartel de Sinaloa.

La comparecencia no da lugar a cuentas alegres en materia de seguridad pública pues solamente los 474 homicidios dolosos y 549 personas víctimas de desapariciones forzadas obligan a hablar sin matices de la realidad que no puede ser ocultada porque está aquí, a la vista y preocupación de la sociedad entera.

Rocha Moya está obligado a reconocer la dimensión del problema y evitar minimizarlo, como lo hizo con las pérdidas en la economía estatal estimadas en 18 mil millones de pesos y 25 mil empleos perdidos, además de los daños patrimoniales por robo de vehículos, asaltos e incendios de domicilios y establecimientos comerciales.

Tampoco las diputadas y diputados de la 65 Legislatura tienen motivos para esconder el miedo de los ciudadanos en la prolongada jornada de violencia, pues de la posibilidad de que le señalen a Rocha Moya la emergencia de restablecer la paz y legalidad depende que los ciudadanos se sientan defendidos por sus representantes populares.

El acto de rendición de cuentas debe dejar de ser la oportunidad de lucimiento personal o de ensalzaniento al gobernador por unos y la defenestración por otros. Hoy existe el apremio de que el encuentro entre Ejecutivo y Legislativo aporte tranquilidad a la población mediante la definición en conjunto de medidas que atiendan lo inmediato y estructuren un futuro en materia de paz efectiva.