Culiacán, Sin.- Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una crisis sin precedentes debido a la disputa violenta entre las facciones del Cártel de Sinaloa. En tres meses, 613 personas han sido asesinadas y 626 desaparecidas. La población, atrapada en el terror, limita sus actividades para evitar riesgos, mientras que la economía del estado sufre pérdidas multimillonarias.

Este nuevo episodio de violencia profundiza los estragos de la crisis de personas desaparecidas que existía en el estado. Los colectivos de búsqueda han alzado la voz sobre la falta de condiciones para operar, exponiendo el colapso institucional frente al incremento de desapariciones, que ahora duplican las cifras de años anteriores. En medio de esta emergencia, la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos, garantizar justicia y establecer medidas que enfrenten de raíz esta crisis humanitaria.

Hoy, integrantes de Red Lupa, periodistas y personas buscadoras, presentaron en conjunto con Iniciativa Sinaloa AC un análisis de la situación de violencia en el estado, la evaluación del desempeño de las instituciones que tienen la obligación de atender la crisis de desaparición y emitieron las siguientes recomendaciones:

• Recomendación en búsqueda: Análisis de contexto de los 20 municipios del estado.
• Recomendación en investigación: Contratación de personal de investigación especializado y certificado.
• Recomendación en impartición de justicia: Reclasificación de delitos que fueron clasificados inicialmente como privación ilegal de la libertad.
• Recomendación en identificación: Creación de base de datos forenses pública y creación del Programa Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense.
• Recomendación en derechos de las víctimas: Asesoría victimal por parte de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa.
• Recomendación en prevención: Realización del Programa de Prevención.
• Recomendación al poder ejecutivo: Diálogo con colectivos del estado.

Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para priorizar la seguridad y los derechos humanos en Sinaloa, implementar estrategias efectivas contra la violencia y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Para mayor información consultar el documento completo.