La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa puso la lupa de la transparencia encima del crédito por 2 mil 300 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizó contratar al gobierno de Rubén Rocha para la realización de 36 obras en los 18 municipios, presentadas como parte del Plan de Reactivación Económica.

Es que, de acuerdo a organismos de la sociedad civil que vigilan cómo se gastan los recursos públicos, existe la preocupación por el manejo opaco “al darse en un contexto que coincide con la inminente desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y en el que aún no se establece con claridad qué entidad o entidades públicas asumirán sus funciones de garantizar la máxima transparencia ante solicitudes de información pública”.

Además, en un estudio realizado al respecto por la asociación civil Iniciativa Sinaloa queda en evidencia que la opacidad domina en la obra pública estatal ya que al revisar 27 puntos obligatorios de transparencia para licitaciones públicas, así como 24 para adjudicaciones directas, los hallazgos revelan que de 66 licitaciones públicas hay 52 que ya fueron dictaminadas y debieron terminarse para el mes de diciembre, cumpliéndose sólo el 53 por ciento de las obligaciones de transparencia.

También hay 15 obras que están pendientes de dictaminar sobre la contratación de empresas encargadas, cumpliéndose en éstas el 40 por ciento de las obligaciones de transparencia; durante 2024 se privilegió la contratación a través de adjudicación directa, es decir, el gobierno decidió a quién invitar y a quién darles las obras, y 66 obras asignadas por licitación pública contaron con participación de testigos sociales pero las 99 adjudicaciones directas no cuentan con tal vigilancia ciudadana.

El gobierno de Rocha Moya está obligado a arrojar suficiente luz en materia de rendición de cuentas sobre los puntos ciegos que persisten en la obra pública estatal, más por la sospecha popular que infiere que el desmantelamiento de las instituciones de acceso a la información operará a favor de la corrupción. En tal atmósfera de desconfianza, la deuda adquirida por el Gobierno del Estado y los rubros en que se aplicará el crédito requieren de la máxima transparencia y supervisión ciudadana.