Se está manejando en Sinaloa como dato anexo, que a ninguna autoridad parece preocuparle, el promedio cercano a los 20 vehículos diarios despojados en la mayoría de los casos mediante el uso de armas de fuego, como otro saldo de la violencia desbordada que deriva de la confrontación entre células del narcotráfico.
Con información de la Fiscalía General del Estado, el robo de carros asciende a 2 mil 854 unidades en el periodo que comprende del 9 de septiembre de 2024 al 5 de febrero de 2025, sosteniéndose la alta la incidencia a pesar de la reducción de otro tipo de delitos que tienen que ver con el choque al interior del cártel de Sinaloa.
Este delito de índole patrimonial tiene sus propias características más allá de la afectación a los bienes de las familias, ya que significa el peligro de estar expuesto a la delincuencia que lo comete, es generador de la percepción de desgobierno y extiende el daño económico a los posesionarios de automotores en general que se ven obligados a pagar elevadas primas para asegurar sus vehículos.
La alta comisión de este delito que se registra sobre todo en Culiacán y Mazatlán es un reflejo más de la incapacidad del Gobierno de Sinaloa para estructurar la acción de sus policías en otorgar a los ciudadanos la adecuada seguridad pública, sin dejar de atender ninguna de las áreas dañadas por la delincuencia, aunque sí deba priorizar la protección de la vida de las personas y familias pacíficas.
Lo que más llama la atención en las víctimas de robo de vehículos es que nunca ven la proximidad de la fuerza pública federal y estatal que se supone es táctica y numéricamente suficiente para hacerle frente en Sinaloa a la situación de inseguridad prolongada en la infracción y también en la impunidad. A los afectados se les abandona cuando les apunta el arma y se les priva del patrimonio que con esfuerzo y sacrificios construyen las familias.
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