Cárceles de Sinaloa: la corrupción tras las rejas, con la complicidad de autoridades

Algo está pasando en los penales de Sinaloa por las puertas anchas y sin control que permiten el acceso de armas blancas, equipo de comunicación, bebidas embriagantes y drogas como si las personas que pagan las consecuencias jurídicas de delitos en realidad obtuvieran una serie de privilegios que no corresponden a los estándares de las sanciones judiciales que deben cumplir en los sistemas de readaptación.

El 3 de febrero se realizó el cambio de director del Centro Penitenciario de El Castillo, Mazatlán, al ser abierta una carpeta de investigación contra Jesús Ernesto Reyes, quien dirigía antes el reclusorio, precisándose solamente que esta acción abarca a todo el personal que tenga que ver con el trato de aquellos privados de su libertad y los que están encargados del ingreso de personas externas.

De la misma manera, en el esculque realizado hoy en la madrugada en el penal de Aguaruto, Culiacán, fueron asegurados 2 dosis de mariguana, 2 sistemas Starlink, 39 celulares, 4 radios, 10 tarjetas de telefonía celular, 3 BAM para internet, 5 módems, 1 machete, 1 hacha corta, 56 cuchillos y navajas, 9 puntas, 7 cutters, 10 tijeras, 6 desarmadores, 2 martillos y 2 pesas grameras.

Para que las personas privadas de la libertad dispongan de tal tecnología y objetos debe mediar la participación de los custodios y posiblemente también de los directivos de las cárceles, en el viejo esquema penitenciario que al alterar las condiciones óptimas para la reintegración a la sociedad de los reos, se convierten en universidades del crimen y bombas de tiempo en materia de seguridad pública.

Es acertada la medida que implementa en los presidios la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa, pero siempre y cuando la sostenga como regla y no como la excepción que ocasiona que las revisiones se realicen cuando las cárceles están repletas de materiales e instrumentos que alientan la reincidencia en la comisión de ilícitos, lo cual instala la sospecha de que la corrupción viene desde la punta de la pirámide y la que providencialmente es detectada apenas muestra la superficie de la descomposición del sistema correccional estatal.