Con el crimen que privó de la vida al empresario Armando Rafael Guerrero Ramírez aumenta la percepción de vulnerabilidad que domina en todos los sinaloenses y se multiplica también la ineficacia de los operativos de seguridad pública que tendrían como objetivo cardinal la protección a los ciudadanos de bien y el patrimonio de éstos.

La hoy victima de la delincuencia fue reportada desaparecida desde el 20 de diciembre de 2024 cerca de El Limón de los Ramos, comunidad del norte de Culiacán, y desde entonces su familia, colectivos de búsqueda y el apoyo ciudadano trataban de encontralo con vida hasta que el martes se conoció el desenlace desafortunado.

A pasar de que la Fiscalía General del Estado informó desde el lunes que hay dos detenidos en relación a este caso, al consumar el crimen la delincuencia fue más adelante que el gobierno y las Bases de Operaciones Interinstitucionales en las que el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva trabajan para contener este tipo de consecuencias de la narcoguerra en Sinaloa.

Hechos de inseguridad como el que hoy afecta a la familia Guerrero Ramírez remarcan la situación en que se halla cualquier ciudadano o familia por la completa indefensión que deriva cuando la realidad certifica la insuficiente acción de autoridades e instituciones para proteger al segmento de la población mayoritariamente pacíficos y de esfuerzos lícitos desde lo particular o gremial.

También significa la convocatoria a transitar del miedo que inmoviliza, a la jornada cívica que muestre el músculo social que es capaz, siempre lo ha sido, de sacar a gobiernos y políticos de la ineptitud para que rindan los resultados que ofrecieron al asumir los cargos públicos que hoy desempeñan.

Es tanta e insoportable la violencia, que inclusive puede ser el motor que eche a andar la mayor maquinaria ciudadana en construcción de paz y recuperación de la seguridad y la legalidad.