En Sinaloa la violencia contra las mujeres persiste y la omisión de las autoridades también

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres no se garantizan plenamente, así lo revelan 18 quejas sobre falta de protección y omisión de las autoridades para garantizar una vida libre de violencia en el Estado.

Las 18 quejas, que corresponden al periodo 2024, fueron interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con los datos que proporciona el organismo, se trata de señalamientos sobre posibles omisiones en la garantía de protección frente a la violencia institucional, física, emocional, sexual y violencia obstétrica.

Sin embargo, estos problemas no son nuevos, ya que en 2023 la CEDH registró quejas similares:

* 8 quejas por violencia institucional.
* 7 por acciones u omisiones que transgreden los derechos de las mujeres .
* 1 por violencia sexual.
* 1 por violencia psicoemocional.
* 1 por violencia obstétrica.
* 1 por omisión de implementar medidas para erradicar la violencia contra la mujer.

Además, según el informe anual de la CEDH, de los 869 expedientes de queja que se integraron en 2023, se identificó que en el 49.59% existió una mujer agraviada.

Las dependencias señaladas como posibles responsables, en las 18 quejas colocadas en 2024 ante la CEDH son la Policía Municipal de Culiacán, Centro de Estudios de Bachillerato USAER #23, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), el Instituto de la Defensoría Pública, SEBIDES, Vicefiscalía Zona Norte, Policía Municipal de Ahome, el Hospital General de Los Mochis y UAS.

Priscila Salas, activista del colectivo feminista “No se metan con nuestras hijas”, mencionó que los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres no se garantizan plenamente en el Estado, ya que a lo largo de los años estos han sido violentados de diferentes maneras y grados.

“Por ejemplo, si hablamos del acceso a la educación, si hablamos del derecho a la familia, si hablamos del derecho a la justicia y otros derechos a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, un montón de derechos, la verdad es que los esfuerzos del estado para garantizar los derechos humanos básicos, los más principales pues son escasos”, dijo.

Lamentó que en muchas ocasiones las autoridades son omisas ante las denuncias de violencia contra las mujeres y no cuentan con los recursos humanos, técnicos o presupuestales para prevenir, atender y erradicar estos tipos de violencia. Por lo que, agregó, las cifras de impunidad en Sinaloa siguen siendo altas.

Hay obstáculos en Sinaloa para una vida libre de violencia

Alejandra Reyes, de la colectiva Sororas, coincidió con Salas en que el derecho más vulnerado en las mujeres es el de vivir sin violencia, ya que siguen ocurriendo casos de feminicidios, tentativas de feminicidio, violaciones, acoso y otros delitos que lastiman profundamente a las mujeres.

De acuerdo con las activistas, en Sinaloa siguen existiendo obstáculos que impiden a las mujeres obtener justicia. Para Reyes, la falta de confianza en las autoridades es uno de ellos, ya que muchas mujeres llegan a detener los procesos de denuncia al ser víctimas de revictimización o maltrato por parte de las autoridades y servidores públicos encargados de darles acompañamiento.

“Esa es una lucha constante que tenemos, siempre el llamado a la Fiscalía, al Ministerio Público para que no pasen esas situaciones de invisibilización o de minimización de las denuncias que estas mujeres quieren interponer. Hemos acompañado casos donde llegan a nosotras y nos dicen ya intenté interponer una denuncia, ya intenté confiar en la autoridad y salí de ese lugar sin interponerla porque me revictimizaron, porque me trataron mal”, expresó.

Mientras que, para Salas, otro obstáculo es la falta de capacitación e información orientada a que las mujeres puedan distinguir cuáles son sus derechos y cómo exigirlos, así como reconocer cuando son víctimas de violencia.

“Las mujeres se enfrentan a cada momento a la impunidad, a que no les crean, a que sean revictimizadas, violencia institucional. La violencia sigue estando presente y no hay capacidad de prevenirla y tampoco hay capacidad del Estado para erradicarla”, dijo la activista.