Sorprende el hecho ocurrido en Mazatlán, donde tres menores de edad y sus familias fueron víctimas de secuestro virtual, a pesar de que existen demasiadas advertencias y manuales de reacción que orientan cómo tratar este tipo de delitos para no ceder a las intenciones de los delincuentes.

Los que acceden a ser afectados por este tipo de extorsión se dejan llevar por el miedo a que ataquen la integridad física de un familiar, situacion que los predispone a episodios en los cuales son rehenes de circunstancias inexistentes, pero la no verificación o la desinformación los convierten en presa fáciles de criminales.

Según reportó la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros, la extorsión contra tres menores inició con una llamada telefónica que clonó las cuentas de éstos en el sistema de mensajes por WhatsApp, después de que los estudiantes salieron de la escuela y se reunieron en la casa de uno de los ellos, dando inicio las amenazas a las familias para el pago de sumas de rescate de los secuestrados virtualmente.

Es importante fortalecer la capacidad de respuesta adecuada en los sinaloenses frente al ilícito donde compiten el miedo infundido a la víctima y el poco tiempo del que dispone el delincuentes para perpetrar la extorsión por medios virtuales, porque la resolución de estos casos depende más de la persona afectada que del margen de actuación de las autoridades.

Pero no hay que pasar por alto que el gobierno es el que pone la impunidad que fomenta la practica delincuencial donde no existe físicamente la víctima, pero sí el terror aplicado para la comisión del delito. Y esa amalgama de gente incauta, delincuencia cibernética e inacción de la autoridad es lo que secuestra a la Ley y las instituciones responsables de hacerla valer.