Los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada con saldos letales, que ocurren tanto en zonas urbanas como rurales, echan abajo en la población la expectativa de tranquilidad y los intentos de los gobiernos federal y estatal por convencer de que en Sinaloa avanzan las acciones para la pacificación.
Ayer fue un día violento por el choque entre grupos del narcotráfico que derivó en tres personas muertas en Capilla del Taxte, municipio de Concordia, y el ataque con armas de fuego que en Culiacán privó de la vida al coordinador de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
A esto hay que agregar la presencia de células criminales en el poblado de El Tomo, en la zona de Imala, donde ni la fuerza pública puede entrar a poner orden, así como los hechos en la comunidad El Atorón, municipio de Eldorado, que causaron dos homicidios al colisionar sicarios de las células confrontadas en el Cártel de Sinaloa.
Al continuar la llamada narcoguerra cuya beligerancia sigue afectando desde el centro al sur del estado, resaltan el miedo y la sensación de desprotección y desvanecen los operativos y medidas que el Gobierno implementa para lograr que la gente y las actividades económicas retornen gradualmente a la normalidad después de más de medio año de violencia continuada que desquicia la legalidad y la gobernabilidad.
De poco sirve que se dirijan estrategias a las ciudades para darle a la ciudadanía condiciones de retomar los quehaceres ordinarios si en otras colonias urbanas o poblados prosigue la escalada violenta con el correspondiente amedrentamiento que permea hacia todo el tejido social.
La seguridad pública no puede ser ofrecida o lograda a medias; debe ser integral, real y permanente.
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