El programa “Ruta Segura” que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa para reactivar la economía de ciudades y poblaciones que se dedican a la actividad turística resulta insuficiente para la recuperación de todas las ramas productivas al ser selectiva en los alcances, mientras que la violencia prolongada y fuera de control causa afectaciones sin distingos a los quehaceres lícitos de la población.

Con el anuncio ahora de que el flujo de visitantes a Imala será resguardado por militares y policías que integran las Bases de Operaciones Interistitucionales, periplo blindado que antes se ha efectuado en las carreteras hacia Altata, Mazatlán y El Quelite, las mismas autoridades reconocen la falta de condiciones permanentes de seguridad e imbuyen la preocupación por la imposibilidad de la movilidad libre de peligros.

Es correcto que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, atienda la gestión de comerciantes y restauranteros del pueblo señorial de Imala en la desesperada estrategia por recuperar la afluencia de visitantes, sin embargo, ante el tamaño del fenómeno de la violencia que se manifiesta incontrolable tal medida equivale al paracetamol queriendo curar un padecimiento terminal.

Los gobiernos federal, estatal y municipales deben ir más allá de las acciones de mitigación ya establecidas durante más de seis meses, y comenzar a estructurar la recuperación completa de espacios y negocios a través de garantías de paz que no estén a expensas a que a la delincuencia organizada, que continúa en sus reyertas inhumanas, se le ocurra confrontarse en el lugar y hora que decida llevándose la vida de inocentes en sus ajustes de cuentas.

Es un hecho que todas las ramas de la economía, unas más y otras menos, padecen las repercusiones del violento choque al interior de la principal organización del narcotráfico de Sinaloa, con fuertes efectos en la sociedad por la pérdida de empleos y caída del poder adquisitivo. La crisis de inseguridad traba o dificultad el esfuerzo productivo lícito pero el tratamiento del gobierno consiste en paliativos que dejan avanzar la devastadora enfermedad de la narcoviolencia.

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