Ciudad de México.- Eventos sin templete, sin sillas ni carpas, volanteo sin ayuda y recibir a la ciudadanía en su casa para contarles sus propuestas pero sin darles ni un vaso con agua. Las candidatas y candidatos a la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF) podrán realizar mítines, reuniones y eventos de campaña, aunque no podrán realizar gastos para ello, más allá del equipo de sonido no profesional para que su voz llegue a todos los asistentes.

A unas horas del inicio de las campañas para la elección judicial, el sábado pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a distintas consultas de aspirantes y aclaró puntualmente las acciones que pueden y no pueden realizar las personas que aspiran a un cargo en el PJF.

Además, resolvió hacer explícitas las limitaciones que tienen los funcionarios públicos para hacer promoción de la jornada electoral judicial. Ello luego de que legisladores federales y hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum han realizado distintas acciones para promover la participación en la elección, criticada por la oposición como un intento de Morena para colocar perfiles afines en cargos judiciales.

Este último acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien definirá si se mantiene o no esta restricción por el resto de la campaña.

Eventos sin gastos, sin casa de campaña ni ayudantes

El INE reiteró que las candidatas y candidatos sólo pueden realizar gastos personales para sus traslados, viáticos y hospedaje, así como lo relacionado con producir contenido para plataformas digitales, incluido capacitarse para hacer videos o hablar en público, así como imprimir propaganda y repartirla.

Entonces, aclaró que los candidatos sí pueden realizar eventos públicos pero estos no deben generar gastos, pues sólo está autorizado que ejerzan recursos para viáticos, traslados y hospedaje. Es decir, pueden organizar encuentros en espacios públicos o recintos sin costo, y para auxiliarse sólo pueden usar un megáfono o bocina no profesional o casera.

Para los eventos de las candidaturas no se podrán colocar ni contratar sillas, carpas, templetes, ni usar lonas ni pendones con su imagen para promocionarse. Esto último porque la única propaganda que se puede imprimir es en papel.

Tampoco podrán realizar perifoneo en las calles para hacer promoción de su candidatura, pues no se contempla en ninguno de los rubros aprobados por el INE como gastos personales.

Aparte, no pueden rentar espacios para usarlos como casas de campaña, pero sí pueden usar su domicilio particular como espacio para recibir y promover su candidatura a la ciudadanía. Ahí por ejemplo podrán realizar reuniones pero estas tienen que ser personalizadas y no masivas, no se pueden hacer adaptaciones al espacio y en estos encuentros no pueden ofrecer alimentos o bebidas o cualquier otro regalo a los asistentes.

En el caso de uso de vehículos particulares, el INE aclaró a los contendientes que sólo podrán hacer viajar en sus autos, motos o cualquier otro medio de transporte propio, y no podrán realizar actos de campaña en vehículos prestados por parejas, familiares o amistades o cualquier otra vía, por considerarlo apoyo en especie, lo que está prohibido para esta campaña.

El INE contempló una excepción para el uso de vehículos ajenos para traslados relacionados con la campaña: se trata del caso de candidatos que sean funcionarios en activo, quienes cuenten con protección, dispongan de vehículos blindados y personal de seguridad.

En esos casos, los aspirantes tendrán que informar a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de que cuentan con esa medida de protección y reportar el gasto de combustible específico para los eventos de campaña. Además de que el personal de seguridad no podrá participar como personal de apoyo en las labores de propaganda.

Tampoco pueden colocar ningún tipo de promocional a sus vehículos, salvo aquellos que estén impresos en papel y que usen materiales biodegradables, no contaminantes y que no sean nocivos para la salud. Por lo que no se puede hacer rótulos, colocar microperforados o hacer forrado de vehículos.

Tampoco pueden recibir ayuda de personas voluntarias que quieran contribuir en su campaña con acciones como el volanteo.

En el caso de la vestimenta, el INE aclaró que sólo las personas aspirantes pueden usar ropa que promocione el nombre, cargo y/o número que ocupará la candidata en la boleta. Pero su equipo de apoyo para la campaña no puede usar nada parecido, por no tratarse de propaganda impresa.

Gastos para contenido en internet

El INE reiteró que las y los candidatos pueden realizar gastos para la producción de imágenes y material audiovisual como fotografías y jingles para promocionar las candidaturas en sus redes sociales y propaganda impresa están permitidos. Pero todo esto tiene que registrarse como gastos y no pueden recibirse como donación u obsequio, porque representaría aportaciones en especie para la campaña, lo cual está prohibido.

Además, si bien el INE dejó claro que la propaganda de los candidatos al Poder Judicial no puede evocar a la de ningún partido político, aclaró que no hay restricción para el uso de algún color.

En el caso de páginas web y apps para promoverse, los candidatos podrán usar estas vías para difundir su imagen, pero no podrán pagar para aumentar su alcance, por lo que no podrán invertir en que la app en cuestión aparezca entre las principales sugerencias de descarga o tampoco pagar anuncios de Google para que aparezca la página de la persona candidata en los primeros lugares de búsqueda.

Lo mismo ocurre con un canal de YouTube, donde se podrán crear canales y subir el contenido que produzca el equipo contratado para ello pero no puede pagar para aumentar su alcance.

También se le consultó al INE por la participación en podcasts, a lo que se precisó que esto se hará del mismo modo que se hace con las entrevistas en medios tradicionales, como radio y televisión, en el sentido de que sea en condiciones de equidad, es decir, que se invite a los demás contendientes, y que se haga con fines informativos y que no lo haya comprado la persona aspirante.

Las y los candidatos además tendrán que registrar los gastos de traslado y demás que hayan realizado para participar en el podcast en cuestión.

¿De dónde pueden obtener recursos los candidatos?

Otra de las preguntas que surgieron entre los aspirantes fue la de las vías de financiamiento de la campaña. Ello cuando los topes de gastos van de los 220 mil pesos para quienes aspiran a ser jueces, 413 mil pesos para quienes buscan una magistratura, 881 mil pesos a los aspirantes a salas regionales y 1.4 millones para los que buscan un lugar en la Corte, el Tribunal de Disciplina o la Sala Superior del TEPJF.

Ante ello, el INE también aclaró que las candidaturas pueden solicitar préstamos bancarios personales o usar tarjetas de crédito o crédito de proveedores para el financiamiento de gastos de campaña, pero tienen que liquidarlos a más tardar el 15 de julio de 2025, cuando termina el proceso de fiscalización del proceso.

Pero no pueden usar préstamos personales con personas, mecanismos de ahorro informal como tandas, o instituciones que no estén registradas en el Sistema Financiero Mexicano.

Funcionarios no pueden promover la participación en la elección

Si bien, desde el principio el INE acotó que los funcionarios públicos no pueden participar en la promoción de ninguna persona candidata, el fin de semana resolvió además que no pueden promover la participación ni realizar reuniones informativas relacionadas con el proceso electoral judicial.

“El INE es la autoridad del estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo”, reitera el acuerdo.

Ello porque senadores como Andrea Chávez o Gerardo Fernández Noroña, y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum han realizado actos de promoción de la elección, pero su difusión no ha sido neutral.

En un evento el sábado, la presidenta Sheinbaum afirmó que la elección es para limpiar de corrupción al Poder Judicial; la restricción del INE busca evitar que este tipo de expresiones puedan poner en desventaja a las candidaturas en funciones o las impulsadas por ese poder.