A reserva de que las fiscalías nacional y estatal demuestren que con los avances de las indagatorias que dicen tener es posible esclarecer estos casos, de los ataques a centros de rehabilitación en Culiacán en uno de los cuales perdieron la vida nueve personas derivan interrogantes cuyas respuestas son decisivas para que los sinaloenses valoremos en qué situación nos encontramos en lo que respecta a seguridad pública.

Cada vez que ocurren sucesos de violencia de fuerte impacto salen los funcionarios de alto nivel a declarar, inclusive los temas son llevados a las conferencia de prensa que a diario preside la presidenta Claudia Sheinbaum, convirtiéndose en reacción política que después se diluye en silencios y negligencias que contribuyen a que en la población crezca y se acumule la sensación de vacío de autoridad.

Los recientes hechos de violencia reiteran que la fuerza pública militar y policiaca fracasa en la anticipación de situaciones que representan fuerte riesgo para la gente pacífica ya que los convoyes de sicarios y los arsenales del narcotráfico circulan libremente, a la hora y en el lugar que determinen, sin que las Bases de Operaciones Interinstitucionales lo detecten y detengan antes de perpetrar los crímenes.

Sea en caminos y carreteras, zonas urbanas o rurales, sitos céntricos o de la periferia, los grupos del narcotráfico que colisionan en el Cártel de Sinaloa actúan a sus anchas al retar a las autoridades y desafiar la capacidad de asombro de ciudadanos que cuando creen que ya han visto los límites de crueldad y arrodillamiento del gobierno, de pronto suben los modus operandi del hampa a niveles inimaginables.

La seguridad pública en México y Sinaloa da la impresión de que se le agota la capacidad y voluntad en cuestión de contener a la delincuencia y que el único recurso táctico al que acude consiste en discursos para cada embestida criminal y hacer el ejercicio de contar a los muertos, convirtiéndolos en carpetas de investigación para que las víctimas sean un número, no seres humanos.

¿Cuántos militares y elementos de corporaciones federales están aquí protegiendo a los ciudadanos y sus patrimonios? ¿Cuál es la tecnología de la que se dispone para detectar e inmovilizar armas y células de sicarios que generan la violencia? ¿Por qué el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dejó de venir a encabezar el plan de pacificación de Sinaloa? ¿La federación gana tiempo en la idea de que los sinaloenses normalicemos y nos acostumbremos a la violencia que cada vez avanza más por encima de leyes y operativos de soldados y policías?

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