La Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado carece de la capacidad de respuesta rápida en casos de incendios forestales que de manera recurrente se registran en Sinaloa y que por la sequía que amenaza es posible ocurran con mayor frecuencia y poder de devastación, en contraste con la falta de equipo humano y técnico para atenuar los daños.

De acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal en lo que ha transcurrido de 2025 han sido reportados 20 incendios forestales que afectaron alrededor de 6 mil hectáreas, mientras que los registros de la Dirección de Protección Civil estatal dan cuenta de 30 siniestros en los municipios de Choix, Concordia, Culiacán, Mazatlán, Cosalá, San Ignacio y Badiraguato.

Frente a este panorama, La Sebides realiza una función más de tipo testimonial que de efectividad llevando sólo la estadística de eventos de tal naturaleza debido a la ausencia de la estrategia que con la intervención rápida y la logística adecuada reduzca la pérdida de bosques y las consecuencias a fauna, flora y comunidades cuya economía depende de la explotación maderera.

En realidad, en casos de incendios forestales hacen mayor labor de combate los grupos de voluntarios que las brigadas del gobierno, lo cual apremia a que las autoridades estatales tomen acciones de fondo al ser ubicado Sinaloa dentro de los estados con condiciones atmosféricas que provocan procesos de ignición, alto riesgo que aumenta si la crisis hídrica escala a mayores niveles.

Las instituciones de emergencia y prevención de desastres requieren ser más capaces cuantitativa y numéricamente para la acción pronta y apropiada de cara a un problema que cada vez presenta devastaciones y que al acumular año con año superficie afectada adquiere características de crisis ambiental. La población de las zonas dañadas ha lanzado las alertas y el gobierno las minimiza, agregándole fuego a lo que de por sí arde a partir de la chispa de la negligencia.

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