Sinaloa, reconocido como el estado costero por excelencia y un líder preeminente en el sector pesquero en México, se enfrenta a una contradicción estructural que es a la vez antigua y persistente: la abundancia de recursos marinos no genera prosperidad para las comunidades que dependen de ellos. La paradoja pesquera de Sinaloa es tan evidente como preocupante: si bien los datos estadísticos sitúan al estado a la vanguardia de la producción y el valor del pescado nacional, numerosas familias costeras sufren una precariedad económica y social.
Riqueza en las aguas
Según datos de la CONAPESCA, en el año 2023, Sinaloa alcanzó la posición de segundo lugar en la nación en cuanto a producción pesquera, con un total de 441,186 toneladas, lo que constituye el 20.5% del agregado nacional. En términos de valoración económica, el estado generó más de 13,495 millones de pesos, con lo que volvió a ocupar el segundo lugar a nivel nacional.
Sinaloa mantiene su posición de líder predominante en la producción de camarón: 115,132 toneladas generaron ingresos por valor de 9,259 millones de pesos, lo que representa el 45.1% del valor nacional atribuido a este producto. Esto va acompañado de un aumento constante de la producción de otras especies, como la corvina, cuya producción se duplicó entre 2016 y 2023.
Pero hay pobreza en la costa
A pesar de estos importantes beneficios financieros, las condiciones de vida de las comunidades pesqueras son marcadamente inadecuadas. El informe de auditoría del Programa de Desarrollo Pesquero de 2021 reveló que, a pesar de la implementación de sistemas de apoyo a los motores, los aparejos de pesca y el empleo temporal, la Secretaría de Pesca y Acuicultura carecía de una matriz de indicadores capaz de medir eficazmente los resultados de sus iniciativas. En ausencia de dicho control evaluativo, sigue siendo difícil determinar si los recursos públicos han facilitado realmente las mejoras en el bienestar social.
Además, el Programa Sectorial de Pesca y Acuicultura 2021-2027 reconoce explícitamente que “la revitalización de la pesca y el avance de la acuicultura siguen siendo desafíos sin resolver para el gobierno de Sinaloa”. Además, afirma: “anticipamos que la riqueza generada por esta actividad se traducirá en una mejora de la salud, la educación y los servicios para sus comunidades pesqueras”.
Indicadores que no engañan
Esta disparidad también es evidente en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado (ITAEE). En el tercer trimestre de 2024, las actividades del sector primario en Sinaloa, incluida la pesca, experimentaron una disminución significativa del -17.3% en relación con el año anterior, lo que posicionó al estado en el rango más bajo a nivel nacional en este ámbito. Esta desaceleración subraya una vulnerabilidad estructural inherente a la base económica de las actividades rurales y costeras.
Además, si bien se ha documentado que más de 42,000 personas son pescadores activos en Sinaloa, un número considerable de estas personas carecen de acceso a la seguridad social, los servicios básicos y las oportunidades de diversificación económica.
¿Dónde se queda la riqueza?
El abismo entre la riqueza generada por el sector pesquero y las condiciones de vida de quienes lo practican pone de relieve una distribución fundamentalmente inequitativa de la cadena de valor. Los beneficios se concentran predominantemente en los segmentos de comercialización y exportación, mientras que el segmento productivo, representado por los pescadores, permanece en la base de la pirámide económica, sin un acceso equitativo a los mercados ni un apoyo a infraestructura adecuado.
¿Cómo se puede superar la contradicción?
Superar la paradoja pesquera de Sinaloa requiere más que subsidios temporales; se necesita una estrategia integral que incluya: ordenamiento pesquero efectivo, capacitación, acceso al financiamiento, modernización de las embarcaciones, sistemas de refrigeración industrial, y, sobre todo, participación comunitaria en la toma de decisiones.
La riqueza marina de Sinaloa no debe seguir siendo una promesa incumplida para quienes la extraen; se tiene que transformar en bienestar para las comunidades costeras es no sólo una necesidad social, sino una obligación ética
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