Cuando a nadie le puede quedar duda de la crisis que para el sistema de seguridad pública significan las desapariciones forzadas en Sinaloa, el hallazgo de restos humanos en el panteón clandestino de la comunidad de Mezquitillo, perteneciente al municipio de Culiacán, recalca la ineficiencia gubernamental en localizar a las víctimas y sobre todo castigar a los culpables de privar de la vida y asesinar a centenas de personas.

La organización Sabuesos Guerreras, integrada por familias que buscan a sus desaparecidos, localizó al menos 11 osamentas humanas enterradas y semienterradas, sin temporalidad definida, dispersas entre el monte, en una zona de difícil acceso, dentro de una área de uno a dos kilómetros.

Si bien es cierto que las coporaciones policiacas, fiscalía estatal y comisión de búsqueda oficial se integraron una vez que las fosas fueron ubicadas y confirmados los hallazgos, la realidad patentiza la poca o nula acción del gobierno e instituciones ministeriales en cuanto a indagatorias que detetminen dónde están los sinaloenses privados ilegalmente de la libertad.

En particular la Fiscalía General y la Comisión de Búsqueda del Estado son rebasadas por el fenómeno criminal que desprende de sus hogares a ciudadanos en su mayoría jóvenes y nada ni nadie los encuentra, a no ser que las madres de éstos realicen con medios propios la labor que debería hacer el gobierno a través de sus enormes posibilidades forenses, logísticas y técnicas.

Las desapariciones forzadas en Sinaloa escalan a una crisis humanitaria que, en consecuencia, tendría movilizado y preocupado al aparato público sin límite en su obligación de proteger a los gobernados. Solamente con las más de mil 300 personas arrancadas a la fuerza del seno familiar durante la narcoguerra en curso bastaría para que a la situación de emergencia le correspondiera el gran despliegue de voluntades y capacidades del gobierno buscando a las víctimas.