El programa de vivienda que impulsa en el país la presidenta Claudia Sheinbaum debe encontrar eco en Sinaloa y los municipios, no sólo en el discurso sino en la generación de condiciones para implementarlo, en apoyo a familias que en situación económica vulnerable tienen poco acceso a casas dignas y pagables.

En Culiacán, por ejemplo, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil0 procedió a revertir el cambio de uso en predios que habían sido considerados como parte de la primera etapa del programa federal de Vivienda del Bienestar, debido a que afectaban áreas y actvidades fundamentales de la convivencia vecinal.

Las autoridades locales están obligadas a conocer y atender bien el programa presidencial que plantea ofrecer a los mexicanos un millón de viviendas nuevas, de las cuales 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para sus derechohabientes, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda realizará otras 500 mil para personas no beneficiarias de Infonavit, cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar.

Lo que debe cuidarse por parte del gobierno de Rubén Rocha y los presidentes municipales es que esta posibilidad de bienestar no sea en detrimento de personas o familias que ya disponen de casa, garantizándoles a éstos el adecuado disfrute de áreas verdes, servicios públicos y seguridad pública de calidad y con calidez.

El programa Viviendas del Bienestar debe ser operado con transparencia y criterios que beneficien a quienes más lo necesitan, ajeno a apetitos políticos y falsos líderes de colonias que buscarán entorpecerlo. En ese sentido dio un paso al frente el alcalde de Culiacán al escuchar y resolver inquietudes sobre la afectación a derechos ciudadanos.