En caso de proceder el juicio de desafuero que la Fiscalía General del Estado le solicitó al Congreso del Estado iniciar contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien llegó al cargo apoyado por las siglas del Movimiento Regeneración Nacional, en Sinaloa caerá al despeñadero de la simulación el triduo moral de la llamada Cuarta Transformación de México que consiste en no mentir, no robar y no traicionar.

Vargas Landeros podría ser el tercer presidente municipal destituido por desempeño irregular de la función pública, luego de que en junio de 2022 el Poder Legislativo le retiró el fuero al hoy ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por delitos cometidos en el desempeño de la función pública, y en octubre del mismo mes Luis Guillermo Benítez Torres dejo de presidir el Ayuntamiento de Mazatlán por la acusación de compra a precios inflados de luminarias para el alumbrado público.

Salpican a la 4T en Sinaloa los posibles hechos de corrupción que involucran a presidentes municipales de los tres principales municipios sinaloenses y más si en los casos de Estrada Ferreiro y Benítez Torres se trata de amigos cercanos al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y fundador de Morena, mientras que Vargas Landeros se incrustó en la 4T después de pasar por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional con excesiva habilidad para el “chapulineo” político.

La corrupción que Morena denunció contra los gobiernos del PRI y PAN sigue vigente en las actuales administraciones públicas, lo cual refuerza la percepción ciudadana que cree que sin importar el partido del que se trate los desfalcos que afectan al erario público continúan cometiéndose con carácter transexenal y por mafias del poder donde cambia el desfalcador pero no la práctica del saqueo.

El procedimiento ministerial y legislativo contra Vargas Landeros debe correr por los rieles de la justicia, porque solamente así establecerá otro precedente en Sinaloa que le haga entender a la cleptocracia que la ley actuará cada vez que alguien conciba las finanzas públicas como botín de una persona o camarilla. Al margen de partidos políticos, compadrazgos o favoritismos, el que roba recursos que le pertenecen al pueblo tiene que pagar las consecuencias jurídicas y regresar el dinero expoliado.

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