El lunes fue reportada la no localización de cinco jóvenes de El Rosario que un día antes salieron de compras a Escuinapa y ayer regresaron con sus familias, y el domingo sucedió en el sector El Barrio de Culiacán el asesinato de dos que desde el 16 de abril fueron privados de la libertad por grupos armados, agregándose a la lista de más de mil 300 casos de este delito desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.
La privación ilegal de la libertad que afecta a jóvenes en Sinaloa reclama de la acción enérgica de las autoridades federales y estatales, pasando de la actual actitud pasiva que consiste en contar a las víctimas, a la urgente acción reactiva que encuentre a los desaparecidos y le aplique la ley a los criminales.
Todos los días el gobierno realiza la función presencial que lo ata al reconocimiento de la realidad, más no la obligación protectora en casos de desapariciones forzadas, dejándole a la delincuencia la contraseña de la impunidad para que continúe atacando los derechos humanos y la esperanza colectiva para el retorno de la paz, en la aberrante superposición de los violentos por encima de instituciones y autoridades de seguridad pública y procuración e impartición de justicia.
Todos los sinaloense sienten la consternación y el peligro latente por cada hecho de desaparición forzada, mientras que la mayoría desconoce de las medidas que toma el gobierno en específico contra el ilícito que es perpetrado pese a los enormes operativos militares y policiales y la oratoria oficial que afirma estar cuidando a la población pacífica.
Ya basta de malas noticias que tienen que ver con más desaparecidos y los pocos resultados en ubicarlos y regresarlos con bien a sus familias. Como sociedad no podemos permanecer indolentes y dándole vuelo a hipótesis que justifican a los agresores y criminalizan a las víctimas, porque al hacerlo fortalecemos las desidias de autoridades que nos quieren hacer creer que así estamos bien.
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