El Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2025 refleja una reorientación del gasto público hacia la contención social y el cumplimiento de programas emblema del gobierno federal. Sin embargo, esta orientación corre el riesgo de sacrificar el desarrollo económico integral y sostenido. Si México desea transitar hacia un modelo de bienestar robusto, deberá replantear su estructura presupuestaria y priorizar con visión de largo plazo: invertir en conocimiento, infraestructura, productividad y cohesión social.

En el presente año se asignó 145,180 millones de pesos al rubro de Bienestar. Aunque este monto parece significativo, al analizar su proporción frente al gasto total (1.56%) y al PIB (0.41%), surgen dudas razonables sobre la suficiencia y eficacia de esta estrategia ante los grandes desafíos estructurales que enfrenta el país.

Una mirada detallada revela que el grueso del presupuesto se concentra en transferencias directas: la Pensión para Adultos Mayores representa más de 45 mil millones de pesos, Sembrando Vida cerca de 33 mil millones, y las Becas Benito Juárez superan los 40 mil millones. Aunque estas iniciativas buscan atender la desigualdad y la pobreza, su diseño y aplicación se enfocan más en el consumo inmediato que en la transformación estructural. Por ejemplo, el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural recibe apenas 490 millones de pesos, y Jóvenes Escribiendo el Futuro poco más de mil millones, evidenciando un desequilibrio en la asignación de prioridades.

Más preocupante aún es el bajo presupuesto destinado al Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), que representa solo el 0.00014% del gasto total. Esta cifra, casi simbólica, refleja una falta de compromiso con los motores que históricamente han impulsado el desarrollo sostenible en otras economías: ciencia, tecnología e innovación. Sin una inversión robusta en estos sectores, México difícilmente podrá romper con su dependencia del modelo extractivo y de bajo valor agregado.

En contraste, el gasto en seguridad (Ramo 36) asciende a 1.39% del presupuesto, lo cual confirma una lógica centrada en el combate de los efectos de la desigualdad (violencia, inseguridad y crimen) más que en sus causas estructurales como la exclusión social, el desempleo o la baja calidad educativa.

Adicionalmente, el presupuesto de 2025 proyecta un déficit fiscal del 3.9% del PIB, equivalente a 1.43 billones de pesos, según el IMCO. Aunque menor al 5.9% registrado en 2024, este déficit sigue siendo alto, y su contención ha derivado en recortes a áreas sensibles como salud, educación y seguridad. A pesar de que se espera un superávit primario del 0.6%, el costo financiero de la deuda pública se estima en 1.3 billones de pesos, un reto que compromete el margen de maniobra futura del Estado mexicano.