No más violencia en Sinaloa, presidenta Sheinbaum y gobernador Rocha

La violencia que se registra en todo Sinaloa hace urgente que los gobiernos federal, estatal y municipales le den respuestas a la población en el sentido del restablecimiento de la paz y la gobernabilidad antes de se instale en definitiva la idea de que el crimen organizado doblega a las instituciones y a quienes las dirigen, percepción muy próxima a la de sociedades con la pérdida total de las garantías constitucionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Rubén Rocha son los responsables de que la seguridad pública otorgue condiciones para que los quehaceres legítimos de los ciudadanos retomen el ritmo desde la educación, economía, servicios de salud y ejercicio de libertades hasta que la estabilidad y la confianza permitan proseguir con los esfuerzos mancomunados a favor de Sinaloa.

Igual que ayer, es cosa de todos los días la acción de la delincuencia derivada del narcotráfico en abierto reto a la ley, a la fuerza pública y los derechos humanos, a través de bloqueos de vialidades y carreteras, ataques a balazos contra domicilios, homicidios dolosos, enfrentamientos que cobran más vidas de niños, extorsiones a empresarios, robo de vehículos, desapariciones forzadas y exhibición de impunidad en todos los modos de delinquir.

El gobierno, por su parte, ve agotada la estrategia de la seguridad pública y trata de justificar en el discurso los reveses, desoyendo lo que la gente pacífica ve y siente al notar el avance de los sicarios por encima de los efectivos militares y policiacos, en contrasentido con el constitucionalismo que determina la paz y la legalidad como anclas de la estabilidad mexicana.

Sinaloa ya no resiste más la violencia, presidenta Sheinbaum y gobernador Rubén Rocha. Antes que la rendición se trata de que implementen el modelo postergado de seguridad y protección en lo inmediato y paz verdadera y perdurable a largo plazo. La delincuencia se ha crecido con la impunidad y tal inacción de la ley disminuye también a servidores públicos reducidos a contar a los muertos en vez de multiplicar los logros y voluntades en materia de civilidad fincada en la legalidad.