M.C. María Manjarrez
Vicepresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

En México, la preocupación por el deterioro ambiental ha motivado la incorporación de instrumentos fiscales como parte de la política ambiental, con el propósito de incentivar la adopción de tecnologías limpias y fomentar practicas empresariales sustentables. En ese sentido, la efectividad de estos mecanismos sigue siendo limitada por una combinación de desconocimiento técnico, la disparidad normativa entre niveles de gobierno y la carencia de indicadores robustos para evaluar su impacto.

A nivel normativo, tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contemplan la posibilidad de otorgar estímulos fiscales o infraestructura verde. A pesar de ello, en la práctica, la aplicación de estos incentivos muestra una profunda heterogeneidad entre estados, como evidencia un estudio multicaso realizados en Cd. Juárez: muchas empresas maquiladoras desconocen estos beneficios o no tienen la autonomía financiera para aprovecharlos.

Este panorama revela una incongruencia entre lo fiscal y ambiental: existen mecanismos diseñados para orientar el comportamiento empresarial hacia la sustentabilidad, pero son subutilizados por barreras administrativas, técnicas o políticas. A ello se suma que, en algunos casos, los estímulos se otorgan sin una evaluación clara de impacto real en la conservación ambiental, lo que puede traducirse en beneficios fiscales sin mejoras sustantivas en entorno ecológico.

A nivel latinoamericano, experiencias como las de Ecuador, Colombia y Brasil han demostrados que los incentivos fiscales pueden desempeñar un papel clave en la protección de la biodiversidad, siempre que estén bien diseñados y sujetos a monitoreo constante. Estos países han apostado por esquemas que incluyen exenciones fiscales a propietarios de reservas privadas, deducciones por donaciones a proyectos ambientales y créditos fiscales para empresas que adoptan tecnologías sostenibles.

En el caso mexicano, se requiere una reingeniería institucional para transformar los incentivos en una herramienta verdadera efectiva; que implica armonizar la legislación fiscal y ambiental entre niveles de gobierno, capacitar tanto a funcionarios como al sector privado en el uso de estos instrumentos, y establecer en sistemas de seguimiento que permitan medir los resultados.

Además, emergen nuevos desafíos como la contaminación digital, aborda recientemente en estudios que proponen considerar incluso la huella ambiental en el uso masivo de la tecnología de la información. Este tipo de enfoques amplían el horizonte entre los impuestos verdes hacia sectores tradicionalmente exentos de regulación ambiental, pero con impacto creciente.

Es por ello la importancia de impulsar los estímulos fiscales ambientales, son pieza clave para el rompecabezas del desarrollo sustentable, requiere su fortalecimiento no solo puede incentivar una transformación verde del aparato productivo, sino también contribuir a una cultura fiscal más consciente y proactiva. Para lograrlo, es fundamental dejar atrás una visión fragmentada y adoptar una estrategia integral que incorpore al medio ambiente como eje central de la política fiscal y del modelo de desarrollo del país.