La involución en el ejercicio de la política con fuerte repercusión en el desempeño de la función pública empieza con las castas de poder que acaparan cargos de representación popular y les cancelan espacios de participación a las nuevas generaciones y las ideas y empeños que éstas aportan, aparte de que las élites familiares ocupando puestos de gobierno o legisladores incurren en el delito de nepotismo y alteran el correspondiente veredicto democrático.
En Sinaloa el Congreso del Estado tolera y solapa los hechos de diputaciones que se pasan de unas manos a otras entre integrantes de un mismo núcleo parental, siendo los casos más recientes los de Hólincer Castro Marañón que entró en relevo de su primo Genaro García Castro, y de Elizabeth Ramírez Tirado que ocupó la curul que dejó su esposo Juan Carlos Patrón Rosales.
Tampoco importa que los diputados deban salir del Legislativo al ser acusados de cometer ilícitos como sucedió con García Castro, que presuntamente participó en la renta irregular de vehículos para la seguridad púbica de Ahome que derivó en la destitución del alcalde Gerardo Vargas Landeros, o Patrón Rosales al dejar trunca la tarea legislativa para buscar una tarea partidista.
Sin importar que existan de por medio carpetas de investigación por ilícitos perpetrados ni que la ambición política los lleve a saltar de un cargo a otro, quedan entre familiares las responsabilidades intransferibles que el voto les asignó a una persona, incluyendo el cobro de percepciones económicas abusivas transferidas a la manera de herencias en beneficio del primo o de la esposa.
Podría alegarse que el cínico traslado de cargos de gobierno entre familiares no es una práctica ilícita, pero nadie podrá negar que se trata de la inmoral industria del nepotismo. En principio quien asume obligaciones asignadas a través del sufragio democrático traiciona a los ciudadanos que lo eligieron, así como restringe el concurso de voluntades y capacidades para mejorar el desempeño del servicio público.
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