Karla Quintana / Raichail
Fotografías cortesía de Contec

 

Chihuahua.- Los días 14 y 15 de mayo la magistrada federal Nancy Elizabeth Sánchez Corona, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con sede en la ciudad de Chihuahua, visitó la comunidad rarámuri de Huitosachi para explicar los efectos de una sentencia de amparo relacionada con las afectaciones provocadas por el desarrollo turístico en la zona de las Barrancas del Cobre.

La visita incluyó entrevistas con personas afectadas, inspecciones a sitios contaminados y un recorrido por puntos críticos como el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, el basurero de San Rafael y un arroyo contaminado con aguas residuales provenientes de hoteles.

Durante su encuentro con las y los habitantes, Sánchez Corona explicó que el tribunal a su cargo tiene entre sus atribuciones revisar si las autoridades han cumplido con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir los derechos vulnerados a la comunidad indígena.

“Venimos hasta aquí, hasta Huitosachi, a ver a la comunidad que aquí radica para poderles explicar los efectos de la sentencia de amparo, en donde nosotros hemos revisado si se cumplió o no se cumplió aquello que la Corte estableció para restituir los derechos a la comunidad Rarámuri afectada por el desarrollo turístico de las Barrancas del Cobre”, expresó la magistrada.

La sentencia a la que hizo referencia se originó en 2010, cuando la comunidad promovió el juicio de amparo 635/2010 contra el Decreto No. 409/96 I P.O., que autorizó la creación del Fideicomiso “Barrancas del Cobre” para el desarrollo turístico en la Sierra Tarahumara, sin consulta previa a los pueblos indígenas. En 2012, la SCJN resolvió a favor de la comunidad, ordenó la creación de un Consejo Consultivo Regional con participación activa de los pueblos indígenas afectados.

Sin embargo, ante el incumplimiento de dicha resolución, el Segundo Tribunal Colegiado revocó recientemente una sentencia que daba por cumplido el fallo y resolvió el recurso de inconformidad 64/2022.

En su resolución, el tribunal ordenó elaborar un plan integral que garantice la inclusión efectiva de la comunidad rarámuri de Huitosachi en el desarrollo turístico, así como la atención a problemáticas como el acceso al agua potable, el tratamiento de aguas residuales y el manejo adecuado de la basura.

Durante la inspección estuvieron presentes representantes de comunidades vecinas como Mogótavo y Bacajípare, también afectadas por el megaproyecto turístico. Estas comunidades comparten territorio y enfrentan consecuencias similares: contaminación del agua, mal manejo de residuos, pérdida del territorio ancestral y falta de consulta previa, libre e informada.

“El gobierno tiene la obligación de restituir y reparar las afectaciones que ha tenido la comunidad, tanto en su naturaleza, en sus recursos como el agua, como también en brindar una oportunidad real y efectiva para que puedan trabajar, allegarse de recursos y beneficiarse del flujo económico que se logra a través de este desarrollo turístico”, señaló Sánchez Corona.

Esta visita también se enmarca en el seguimiento de la audiencia extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2025, en la cual se leyó la sentencia en formato fácil y en lengua rarámuri a miembros de la comunidad. Desde esa audiencia, el tribunal asumió el compromiso de acercarse al territorio para verificar el cumplimiento de la sentencia y dar voz directa a quienes han sido históricamente ignorados.