Crisis económica golpea a la base fiscal en Sinaloa; se prevén efectos en los servicios públicos

Especialmente a partir de la segunda mitad del año pasado, la crisis hídrica y de seguridad ha dejado estragos en el tejido económico de Sinaloa. La herida en la economía estatal tendría como resultado una caída en los ingresos fiscales de la entidad, con posibles implicaciones negativas en la calidad y constancia de servicios públicos.

“Cuando hay una contracción en la actividad económica, como en este caso con una caída del 3.9% hasta diciembre, eso también va a contraer los ingresos del gobierno en términos de todo lo que recauda”, explica para Revista Espejo la doctora en economía Cristina Ibarra, presidenta de la Federacion de Colegios de Economistas de la República Mexicana.

Algunas de las manifestaciones de dichos perjuicios son la pérdida de miles de empleos formales, así como uno de los peores resultados a nivel nacional en la última actualización del Índice de Actividad Económica Estatal del INEGI.

Entre abril de 2024 y abril de 2025, en Sinaloa se perdieron 14,717 empleos registrados ante el IMSS. Con base en un salario promedio mensual de 12,032 pesos, según datos del gobierno estatal, cada uno de esos trabajadores generaba aproximadamente 1,768 pesos mensuales en impuestos, únicamente por concepto de ISR e impuesto sobre nómina. Anualmente, esto significan alrededor de 250 millones de pesos que dejan de entrar a las arcas estatales y federales.

Aunque se devuelve en forma de aportaciones federales, el ISR no representa ingresos directos para el estado, a diferencia del impuesto sobre nómina, que sí se queda en Sinaloa. Tomando en cuenta un impuesto sobre nómina promedio de 2.7%, pues varía entre 2.4% y 3% dependiendo del monto total de pagos que cada patrón ejecuta, la entidad dejó de percibir alrededor de 60 millones de pesos anuales en ingresos propios. Esto representa cerca del 2% de los ingresos propios por concepto de impuestos recogidos en 2024.

A esto se le suman las aportaciones patronales, derechos y otros ingresos que se quedan en Sinaloa, los cuales se dejarán de percibir por el cierre de empresas y caída en la actividad económica. Además, la crisis económica y de seguridad ha obligado a las autoridades estatales y municipales a destinar recursos para el apoyo de pequeños negocios y trabajadores informales. Cristina Ibarra calcula que para estos fines se han utilizado cerca 150 millones de pesos, cifra que refiere pequeña en comparación de todos los ingresos que el estado dejará de recaudar.

Si a esto se le suman los recortes en las aportaciones federales a Sinaloa este 2025, situación derivada principalmente por ajustes presupuestarios a nivel nacional y la deuda del estado con el SAT, queda un panorama complicado para las finanzas estatales, especialmente si la situación de inseguridad y decrecimiento económico se prolonga.

“Ellos no van a tener la misma capacidad de seguir gastando, y eso puede tener un efecto negativo en detrimento de la cantidad de servicios que el estado ofrece, o incluso en la calidad de los mismos“, explica la economista.

Cristina Ibarra considera poco probable que esta menor recaudación pueda afectar la realización de las obras públicas de infraestructura presentadas por el ejecutivo en el Plan de Reactivación Económica , pues es con estos fines que se aprobó pedir un megacrédito de 1.6 mil millones de pesos.