La privación ilegal de la libertad de dos policías municipales de Culiacán, reportada ayer en la zona de Navolato, corrobora que las desapariciones forzadas de personas es el delito en el cual menos resultados en beneficio de las víctimas presentan la Fiscalía General del Estado y las instituciones de seguridad pública, a lo cual no poder asignársele otro nombre que no sea el de la impunidad.

La agenda ordinaria de la violencia está repleta de fichas de búsquedas, partes policiacos y actividades de familias que intentan saber dónde están sus desaparecidos, como fue el día de ayer con el hallazgo cerca de la comunidad de San Pedro del vehículo abandonado con indicios de violencia en que se transportaban los agentes de Culiacán, así como el desconocimiento sobre el paradero de una madre y sus tres hijas, en Mazatlán.

La estadística de desapariciones forzadas reporta mil 583 personas privadas de la libertad desde el 9 de septiembre de 2024 al 19 de junio de 2025, en claro contraste con la escasa capacidad, y tal vez hasta falta de voluntad, para entender el fenómeno que pone a miles de familias en situación de incertidumbre e indefensión primero por los criminales que perpetran la agresión y enseguida por autoridades que le agregan la impunidad.

Hasta el momento la Mesa para la Construcción de Paz en Sinaloa, que tiene a su cargo la atención a la guerra desatada al interior del Cártel local, no ha presentado algún plan específico contra la privación ilegal de la libertad y lo asume como parte del catálogo de delitos a esclarecer, tornándose una madeja de investigaciones a medias con resultados mediocres.

Para cualquier sistema de seguridad pública pertinente un solo hecho de desaparición forzada de personas movilizaría la estructura completa de protección ciudadana y procuración de justicia, no se diga en las centenas de casos que Sinaloa suma en la narcoguerra donde resulta fundamental la política de Estado frente a lo que constituye crisis humanitaria. Sin embargo, al no ser así la pregunta obligada sería: ¿Las personas desaparecidas también han desaparecido en las prioridades del gobierno dentro de las acciones para pacificar a Sinaloa?