Defender a la CEDH para que defienda a víctimas de la narcoguerra

Inaceptable desde cualquier ángulo que sea analizada, la interrupción de las atenciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le da a la población sinaloense que es afectada en sus garantías constitucionales, muestra los extravíos del Sinaloa fundamental para que la legalidad y el respeto contribuyan a superar coyunturas de alto riesgo como la actual debido a que la violencia pretende establecerse por encima de la abrumadora mayoría pacífica que se conduce apegada al marco legal.

Víctimas de ataques como toma de oficinas, campañas de desprestigio en redes sociales e imposibilidad de salvaguardar los derechos humanos, tanto la CEDH como su presidente Óscar Loza Ochoa se ven obligados a adoptar medidas extraordinarias que les permitan cumplir sus obligaciones, entre éstas las de abandonar el edificio sede e improvisar el funcionamiento en el patio del inmueble que alberga al gobierno de Culiacán.

Esto ocasiona que el equipo de visitadores no tenga acceso a los equipos de procesamiento de datos que almacenan los expedientes, que personas agraviadas en sus derechos constitucionales que se desplazan desde otros municipios o comunidades hallen cerradas las oficinas, así como la eventual crisis que derivaría de que víctimas de la guerra entre facciones del narcotráfico queden sin la posibilidad de que el órgano autónomo de DDHH los salvaguarde.

Las autoridades gubernamentales y las entidades legislativas no deben ser ajenas a esa embestida absurda contra la CEDH y quien la dirige cuya trayectoria la avala la sociedad por la lucha irrenunciable de Óscar Loza en amparo de los más vulnerables, la cual realiza en contextos de alto riesgo y en el mayor tiempo desde la trinchera independiente.

Si el gobierno estatal se sostiene en su actitud presencial frente a grupos o personas que desde las minorías se atreven a paralizar los trabajos de la CEDH, la sociedad civil lo enmarcará como parte de los agresores a los derechos humanos. El gobernador Rubén Rocha está convocado a intervenir para evitar se le agregue otro foco de inestabilidad al Sinaloa desestabilizado por la llamada narcoguerra de casi diez meses.