El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la que se busca fortalecer las investigaciones y ampliar la capacidad de desarticulación de redes criminales involucradas en extorsiones y cobros de derecho de piso.

La decisión de lanzar esta estrategia responde, en parte, a la falta de resultados por parte de autoridades locales para frenar el ingreso de teléfonos celulares a los centros penitenciarios, así como al fracaso de las medidas para inhibir las señales telefónicas en dichos espacios.

En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se implementará un plan basado en varios ejes: generación de detenciones mediante labores de inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión en los estados, aplicación de protocolos de atención a víctimas, capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis, e implementación de una campaña nacional de prevención.

La estrategia priorizará la atención en los estados con mayor número de casos en los que grupos criminales exigen dinero a cambio de no causar daño a las personas o sus bienes. Estos operativos estarán a cargo de equipos especializados y multidisciplinarios.

El despliegue de este plan comenzará tras la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. García Harfuch puntualizó que el 66% de los casos de extorsión se concentran en siete entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero.

En cifras, el Estado de México lidera con 2,049 carpetas de investigación por este delito, seguido por Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178) y Guerrero (47).

En la ejecución del plan también participará la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de congelar cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos producto de extorsiones. Además, se buscarán órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos celulares implicados en estos delitos, y se llevarán a cabo operativos sorpresa en penales para incautar los dispositivos móviles usados por reclusos para cometer estas acciones.

Se habilitará la línea 089 como número nacional exclusivo para denunciar casos de extorsión, garantizando el anonimato de los denunciantes. En los casos de extorsión indirecta, los operadores ofrecerán orientación y acompañamiento; cuando sea directa, se canalizará a las unidades especializadas, con seguimiento a las víctimas.

También se establecerán convenios con el sector privado para difundir medidas preventivas. Entre las acciones se incluye la capacitación de cajeros de tiendas, bancos y comercios de conveniencia para evitar que las personas realicen depósitos a extorsionadores. Asimismo, se impartirán charlas de sensibilización a recepcionistas de hoteles, orientadas a detectar y prevenir casos de secuestro virtual.

FGR admite fallas en los penales

Durante su intervención, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que los esfuerzos previos por impedir el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles, así como las acciones para bloquear la señal, no han sido efectivos.

“Si hoy estamos lanzando esta estrategia es porque claramente las autoridades locales responsables de los penales no han cumplido con su deber. De haberlo hecho, no enfrentaríamos este problema”, afirmó el fiscal.

Gertz Manero explicó que la mayoría de las extorsiones telefónicas proviene de penales, tanto federales como estatales, y subrayó que aunque es responsabilidad de cada estado combatir este delito, el gobierno federal —a través de la FGR, la SSPC y la Marina— intervendrá ante la gravedad de la situación.

Como parte del seguimiento, cada mes se informará públicamente sobre los penales donde se estén cometiendo estos delitos y se presentarán denuncias contra quienes resulten responsables.

Para coordinar mejor los esfuerzos, el fiscal anunció que convocará a los 32 fiscales estatales para comprometerse a recibir todas las denuncias relacionadas con extorsión y compartir información a través de un sistema común.

Finalmente, adelantó que se trabaja en una iniciativa legislativa para que, en casos donde los Ministerios Públicos locales no actúen adecuadamente, la FGR y la SSPC puedan intervenir directamente en la investigación y procuración de justicia.