Culiacán, Sin.- Lanzado como una de las principales apuestas del nuevo gobierno federal, el programa Salud Casa por Casa fue presentado en Sinaloa como una estrategia humanista: llevar atención médica preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad directamente a sus hogares.

Sin embargo, a pocas semanas de su implementación, testimonios desde la sierra del estado revelan otra cara: presiones laborales, condiciones de inseguridad, y una estructura operativa que arrastra a su personal a la precariedad.

“Nos están pidiendo 10 consultas diarias sí o sí, aunque sea imposible hacerlas bien. Si se valora adecuadamente a una persona, con exploración física, mental, más de cien preguntas en la tableta, apenas se alcanza a hacer tres o cuatro al día. ¿Qué nos queda? Algunos inventan que ya las hicieron a otros lo dan de baja”, denuncia un asignado a una de las regiones más inseguras de la sierra sinaloense.

De acuerdo con los datos oficiales, el programa opera en los 20 municipios del estado con 627 brigadas médicas, una por zona, para atender a más de 419 mil personas, de los cuales 359 mil adultos mayores y 60 mil son personas con alguna discapacidad. El arranque formal se realizó el 12 de junio, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde entonces, 627 trabajadores de la salud recorren las comunidades con uniforme, gorra, mochila médica y credencial oficial. Pero según denuncias recogidas por Revista ESPEJO, eso es lo único que sí llega puntualmente.

“Se nos debe mes y medio de salario. No tenemos prestaciones, ni Seguro Social, ni Infonavit. Y para colmo, les dan apenas 3 mil 700 pesos de viáticos al mes. Yo rento una cuatrimoto para llegar a las comunidades, y me cuesta 800 por semana. No alcanza”, narra el trabajador. A esto se suma la exigencia de conectarse tres veces al día por WhatsApp para reportar avances, aunque en muchas comunidades no hay señal, ni electricidad. “Y si no nos reportamos, nos amenazan con darnos de baja”.

El programa, impulsado como una política de cercanía y justicia social, comienza a mostrar las grietas de su diseño apresurado. “¿Calidad o cantidad?”, se preguntan los trabajadores que sienten vulnerada no solo su ética profesional, sino también su seguridad.

“Les exigen cifras que solo se logran mintiendo. Pero ¿quién responde si alguien se queja de una atención deficiente? Los comprometen con su título y su cédula”.

La situación se agrava con el abandono institucional: aunque se supone que los Servidores de la Nación deben acompañar cada brigada, ninguno se ha presentado a trabajar con ellos, afirma el denunciante. En su lugar, el personal de salud enfrenta caminos sin señal, territorios controlados por el crimen organizado y una lógica de metas administrativas desconectadas de la realidad del campo.

Mientras la narrativa oficial insiste en los beneficios para los sectores vulnerables, dentro del programa hay quienes luchan por sostenerlo con el cuerpo, con sus recursos y con miedo.

“Todo está disfrazado de números. Pero la calidad está por los suelos. La vida de quienes trabajan ahí también cuenta, aunque nadie la quiera contar”, concluye el también trabajador de la salud.

 

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