El gobernador Rubén Rocha Moya tiene la obligación de ponerse al frente de la exigencia de investigaciones que delimiten responsabilidades y las sanciones que corresponden en el caso de comunidades de Tacuichamona que denuncian presuntos abusos cometidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva contra la población pacífica ocurridos el sábado 12 de julio.

Los hechos de supuestos homicidios, disparos indiscriminados de armas de fuego y terror diseminado contra los pobladores, de ninguna manera deben de ser parte de los operativos de contención de la violencia que deriva de los enfrentamientos entre células rivales del narcotráfico, pues el propósito declarado por la fuerza pública consiste en ubicar, detener y consignar a criminales.

Las quejas procedentes de las rancherías Estancia de los García, Las Habas y San Miguel de las Mesas, donde en las primeras horas del sábado el Ejército y la Marina desplegaron un operativo por aire y tierra, exponen que la PEP actuó por su cuenta disparando contra inmuebles y personas sin que se haya tratado de un enfrentamiento con civiles armados.

Inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino encabezada por su presidente Óscar Loza Ochoa, debido a que redes sociales y medios de comunicación exponían atropellos a las garantías constitucionales presentando un panorama de excesos policiacos que a su vez plantean la exigencia de aclarar la interrogante de qué hacía la Estatal Preventiva sin el acompañamiento militar y de la Guardia Nacional.

Bajo ninguna circunstancia se acepta que el Gobierno de Sinaloa guarde silencio sobre la probable actuación ilegal de la Policía Estatal en la sindicatura de Tacuichamona. Al sentimiento de desamparo y de miedo que invade a la gente pacífica no se le puede añadir el abuso de instituciones de seguridad pública que en vez de cuidar proceden a atacar a los sinaloenses.

Otras editoriales

La visita de Sheinbaum a Culiacán: la prioridad de Sinaloa es la seguridad pública