El gobierno falla en blindar Culiacán y el narco asesina a la vista de todos

Hechos de violencia de alto impacto, como lo es el ataque con armas de fuego que le quitó la vida a un comandante de la Policía Estatal Preventiva, prosiguen dejando señales evidentes y a la vista de la población pacífica en el sentido de que continúa con alta intensidad la guerra al interior del Cártel de Sinaloa y que la numerosa presencia de fuerza pública no basta para que los ciudadanos perciban indicios de paz lograda mediante el predominio de la ley encima de la delincuencia.

También el atentado perpetrado en el transitado boulevard Pedro Infante, frente a la institución que conduce la educación en Sinaloa, donde hay un intenso flujo de personas realizando diversas actividades, y están instaladas cámaras de supuesta videovigilancia, ocasiona la pregunta de por qué la ausencia de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona en que sucedió el crimen o en el trayecto en que se movilizaron los sicarios con altas de alto poder.

Otro factor que intriga es el manejo que hacen las instancias de seguridad pública frente a sucesos que irradian miedo hacia la población en general y aparte enfrentan los ciudadanos operativos como el cierre durante horas de la circulación vehicular tanto en la vialidad en que ocurrió el ataque, así como en el eje Federalismo, obligando a los automovilistas a regresar a rutas alternas que tampoco reciben el apoyo de agentes de tránsito para aminorar el caos de la movilidad.

La seguridad pública luce en Sinaloa igual o más confundida que la población y actúa de manera disparatada como si la confrontación entre narcotraficantes y las consecuencias para la sociedad apenas fueran comenzando, volviendo a exponer las negligencias la alta capacidad de reacción hasta las cosas se tornan irremediables y la tardía estrategia de prevención que detecte y contenga a los generadores de violencia.

Además de los crímenes que la delincuencia organizada comete en el lugar y hora que decida, las autoridades prosiguen con operativos posteriores a los eventos de violencia que potencian la percepción de inseguridad, con patrullaje y retenes activados posteriores a la comisión de los delitos. El asesinato del comandante de la PEP en pleno corazón del Desarrollo Urbano Tres Ríos, puso en grave riesgo a muchas personas y ante la vista de todos volvió a retar al Estado y su enorme aparato de contención de la narcoguerra.