Culiacán, Sin.- En diciembre de 2021, México y muchos países del mundo todavía se encontraban inmersos en la pandemia de Covid-19. En lo que respecta a nuestro país, estaba vigente un decreto presidencial emitido por Andrés Manuel López Obrador para mitigar y combatir dicha emergencia sanitaria.
Este estado de emergencia tenía por objeto “implementar de manera inmediata, entre otras acciones, la adquisición de todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, así como todo tipo de mercancías y objetos (incluyó medicamentos e insumos para la salud) que resultaran necesarios para hacer frente a la contingencia, y a la importación de los mismos, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno”.
Así se leía en el Diario Oficial de la Federación.
Fue justo este argumento con los que los abogados de Gerardo Vargas Landeros defendieron a su representado para justificar la compra de manera directa, sin licitación pública, de 126 unidades automotores por parte del gobierno de Ahome, el 11 de diciembre de 2021.
“¿Acaso la seguridad no es de interés público?”, cuestionaron al juez de control, Carlos Alberto Herrera, y a los agentes del Ministerio Público en la continuación de la audiencia inicial del pasado 8 de julio, en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro de la zona centro.
“Cualquier alcalde habría actuado igual”, sostuvo la defensa, asegurando, en su juicio, que la adquisición de bienes y servicios en seguridad pública no estaba exenta del decreto presidencial mencionado.
El argumento de lo anterior, que con la adquisición de estas unidades convertidas a patrullas la administración de Gerardo Vargas Landeros logró disminuir la percepción de inseguridad entre los habitantes de Ahome.
Más aun, que con esto Ahome se había sumado a los municipios más seguros del país.
En este periodo de la audiencia, los abogados trataron de convencer al Juez de Control que en la realización de dicho contrato de arrendamiento no se evidenciaba una acción criminal, por el contrario, se trató de subsanar un problema del municipio de Ahome: la seguridad pública.
“No se contaba con los medios necesarios para garantizar la seguridad pública”, señaló.
“Hay que preguntarle a los familiares de los policías que han caído cumpliendo su deber por no tener el equipo adecuado. Él (Gerardo Vargas Landeros) atendió las necesidades que existían entonces”, defendió el abogado
“¿La seguridad no debe ser prioridad para un gobernante?”, siguió en ese sentido los cuestionamientos a lo que consideró “una paradoja jurisdiccional”.
Sobre por qué la empresa Grinleasing SAPI subarrendó los vehículos a la empresa Casanova Vallejo, la justificación de nueva cuenta fue la pandemia mundial de Covid-19 y el contexto económico internacional.
La pandemia había conllevado un colapso en cadenas de suministro automotriz, lo cual se tradujo en ausencia de chips.
Otros argumentos de la defensa del ex alcalde Ahome fue que la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para auditar los fondos federales, que fueron los recursos que se utilizaron para comprar los vehículos.
Incluso para demostrar esto, los propios abogados particulares dieron a conocer que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya tenía en “tramite” la fiscalización del contrato de arrendamiento: “no se puede fiscalizar dos veces”, sostuvieron.
Sin embargo, para el juez Carlos Alberto Herrera, con esta adjudicación directa sin licitar se hizo una afectación pública en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento de Ahome; y de igual forma, se hizo de manera dolosa.
Finalmente Gerardo Vargas Landeros y los integrantes de su Comité de Adquisiciones fueron vinculados a proceso por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
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