En México se observa un reacomodo violento del régimen criminal a lo largo y ancho del territorio. En el sureste del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación combate con su otrora brazo armado, La Barredora. En el corazón de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Unión y la Anti Unión disputan mercados como el cobro de piso y la explotación sexual, mientras contienen el avance del Tren de Aragua. En la Tierra Caliente, múltiples organizaciones regionales y locales disputan la explotación del cobro de piso. Empero, ningún conflicto ha sido más violento como en Sinaloa.
Entre 2024 y 2025, la violencia letal en el estado incrementó 67.2%. Es el mayor incremento registrado a nivel nacional considerando víctimas de homicidios, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida durante los primeros cinco meses de ambos años. Visibilizar las cifras derivadas de esta violencia es necesario: la evidencia de los números compromete al Estado a dar resultados en esos mismos términos.
¿Se puede reducir la violencia en Sinaloa? Sí, es posible. Pero la respuesta del Estado debe ir más allá del despliegue militar, los discursos sesgados, o la expectativa de que los criminales cedan.Poco se ha discutido sobre qué tipo de políticas públicas sí podrían contribuir a recuperar la paz. Desde México Evalúa queremos sumar a ese debate aportando tres propuestas concretas de acción gubernamental, con base en la evidencia y la experiencia acumulada.
Acción 1. Proteger a las y los policías
Las instituciones policiales funcionan como primera línea de contención frente al crimen. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que por diseño están desconectadas de la comunidad, las y los policías conocen bien su territorio y a su gente. Sin embargo, ¿cómo exigirle a un agente de la policía municipal que enfrente al crimen organizado si ni siquiera tiene seguridad social o un salario digno? De acuerdo con “Policía Desprotegida”, el diagnóstico de condiciones laborales realizado por México Evalúa, hasta el 80% de los policías municipales podrían carecer de acceso a seguridad social. Peor aún: cerca de 4 mil agentes en el país no reciben un solo peso de salario.
En Sinaloa, el panorama no es muy distinto. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023, el estado cuenta con 4,363 policías municipales. De ellos, el 37.8% gana menos de los 16 mil pesos mensuales recomendados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en municipios como Cosalá, Choix, Mocorito y Sinaloa, el 100% de los policías se encuentra por debajo de ese umbral). Además, uno de cada cuatro no cuenta con seguridad social ni del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En lugares como Mazatlán o El Fuerte, la totalidad de los policías dependen de otras instituciones para su atención médica.
Sin condiciones básicas, no hay incentivos para desarrollar carreras policiales, fortalecer capacidades institucionales o resistir la corrupción.
Profesionalizar a las policías municipales es indispensable, pero no suficiente. También deben garantizarse condiciones laborales dignas y recursos sostenibles para financiarlas. Solo así Sinaloa podrá contar con policías verdaderamente al servicio del bienestar de la población. México Evalúa ha trazado una ruta clara para lograrlo: herramientas concretas para dignificar la función policial y fortalecer la seguridad desde lo local.
Acción 2. Combatir la impunidad
Según “Hallazgos 2023”, la evaluación de Justicia Penal elaborada por México Evalúa, en Sinaloa la impunidad en delitos del fuero local alcanza el 93.98%, por encima de la media nacional. El patrón se repite en delitos clave: feminicidio (86.78%), desaparición (84%), secuestro (86.21%), violación (92.78%), violencia familiar (93%), abuso sexual (91.84%) y narcomenudeo (81.12%).
La impunidad es el motor de la violencia. En este contexto, la violencia del crimen organizado se reproduce porque puede hacerlo. No habrá paz posible mientras el sistema de seguridad y justicia mantenga esta debilidad crónica. Revertir este panorama exige reformas profundas: investigaciones criminales sólidas y basadas en análisis de contexto, operación bajo un modelo garantista y un aumento real en la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia frente a las demandas sociales.
FUENTE: Hallazgos 2023, México Evalúa
Acción 3. Desmantelar las redes de gobernanza criminal
El control territorial del crimen organizado no sería posible sin algún grado de colaboración —por corrupción o coacción— de las instituciones del Estado. En Sinaloa, este vínculo se ha expresado de manera cruda: entre 2018 y lo que va de 2025, se han registrado 84 víctimas de violencia político-criminal, es decir, personas vinculadas a actividades político-administrativas que fueron atacadas por grupos criminales, de acuerdo con el informe “Votar entre Balas”. Esta cifra supera el promedio nacional, incluso excluyendo los casos donde no se identificó el estado de la agresión.
La violencia político-electoral no es solo una anomalía democrática: es un síntoma claro de captura institucional. El crimen organizado infiltra estructuras del gobierno local —desde la seguridad hasta la obra pública— para ponerlas al servicio de sus intereses. Para revertir este escenario se requieren medidas contundentes. La Operación Enjambre —que implementó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 18 municipios del Estado de México hasta abril de este año — debe activarse en Sinaloa. Tendría dos objetivos centrales: investigar y destituir a funcionarios coludidos con el crimen, y establecer esquemas efectivos de protección para las nuevas autoridades locales.
FUENTE: Votar Entre Balas, México Evalúa
A modo de cierre
La guerra en Sinaloa puede derivar en dos escenarios. El primero: la consolidación de la hegemonía de una de las facciones criminales. Un orden impuesto por las armas, que no garantiza seguridad para nadie, solo la sujeción al arbitrio del poder delictivo. El segundo: la reconstrucción del Estado de derecho. Uno donde las autoridades aprovechan la coyuntura para recuperar las policías, reducir la impunidad y desmantelar las redes de gobernanza criminal. Han pasado más de 300 días de conflicto desde la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, y no hay señales firmes hacia ese segundo camino. No hay excusa. Las herramientas están sobre la mesa.
*México Evalúa es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados.
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