El 14 de julio, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos oficializó su salida del Acuerdo de Suspensión del Tomate, y con ello la imposición de un arancel compensatorio de 17.9% a todo el tomate mexicano importado hacia aquel país.
Esto ha levantado incertidumbre en la agroindustria sinaloense, como principal estado exportador del fruto hacia Estados Unidos. Altagracia González, directora de Agrícola El Barrio y ex candidata a la presidencia de la AARC, cree prematuro determinar afectaciones para los tomateros del estado.
“Gente que tiene la vida sembrando y entregando a distribuidores de cadenas comerciales no pueden dejar de cumplir sus acuerdos. Los acuerdos, los impuestos y los presidentes son temporales, pero las relaciones comerciales vienen de muchos años”, dice a Espejo.
De acuerdo con la sinaloense, los exportadores sinaloenses de tomate se encuentran blindados, hasta cierto punto, debido a los contratos existentes con los compradores estadounidenses que los productores pudieran tener. Estos comprometen a la parte extranjera a adquirir determinado volumen del fruto y al nacional a proveerlo.
Con todo, considera inminente que, si la tarifa se mantiene en vigor, las afectaciones terminen llegando.
“Es difícil ahorita cuantificar. De que va a haber un impacto negativo, claro que lo va a haber. Pero, como te digo, el tema de establecer la siembra o no, va a depender de los contratos”.
Entre las principales consecuencias de la imposición del arancel apuntadas por Roberto Bazúa, presidente de la Asociación del Río Culiacán, está una pérdida significativa de competitividad del producto sinaloense del otro lado de la frontera debido al aumento del precio al consumidor final. También prevé menor inversión por parte de empresas estadounidenses en el campo sinaloense.
Para González, el arancel al tomate vino a coronar lo que describe como un “pastel de desgracias” en la agricultura sinaloense. Junto con la sequía y las malas condiciones de comercialización actuales, coloca a la sanción de Estados Unidos como problema prioritario del agro estatal, y que las autoridades estatales y federales tendrán que atender con diligencia para evitar un colapso.
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