México.- En un contexto donde los delitos ambientales se mantienen en la impunidad, un grupo de investigadores elaboró el Manual teórico-práctico “Policía como Primer Respondiente en Delitos Ambientales”, una herramienta que busca capacitar a las corporaciones policiales mexicanas ante este tipo de delitos.
El manual es una publicación académica y práctica de libre acceso, desarrollada como parte de un proyecto posdoctoral que tiene como objetivo guiar a los cuerpos policiales de todos los niveles para identificar, documentar y canalizar delitos que atentan contra el ambiente y la gestión ambiental.
El texto, elaborado por los investigadores José Luis Carpio-Domínguez, José Juan Cervantes Niño, Jesús Ignacio Castro Salazar y Dinorah del Carmen Torres Alfaro, subraya la urgencia de abordar los crímenes ambientales con la misma seriedad, complejidad y rigor forense que otros delitos de alto impacto.
Este es el resultado de unir la investigación criminológica, la preocupación creciente por los delitos ambientales en México y la necesidad urgente de brindar a la policía una guía clara para actuar como primer respondiente en delitos ambientales, explicó en entrevista para ESPEJO José Luis Carpio-Domínguez, uno de los autores.
“La idea es que el manual esté en todas las bases de datos de la de las policías en México”, señaló.
El primer respondiente
La figura del primer respondiente, a la que el manual hace referencia, se refiere al agente que tiene el primer contacto con el lugar de los hechos, y que tiene la obligación de preservar indicios, recabar datos y coordinarse con las fiscalías. En el caso de delitos contra el ambiente, esta función requiere conocimientos específicos sobre legislación ambiental, cadena de custodia, especies protegidas y normativas administrativas federales y estatales.
En muchos casos, explicó Carpio, los policías son quienes llegan primero al lugar de los hechos y se encuentran con animales silvestres, madera talada o vehículos cargados con especies en riesgo, sin saber con certeza cómo actuar.
“Había una disyuntiva real entre a quién llamar: ¿a la Profepa?, ¿al Ministerio Público?, ¿a peritos ambientales?. Hacía falta una herramienta que condensara toda esa información con un enfoque práctico”, dijo.
“Por ejemplo, yo como policía puedo identificar cuando se trata de un robo simple, un robo con violencia, un robo de vehículo, puedo incluso identificar por una sospecha genuina, por ejemplo, la comisión de hecho delictivo durante mi operativo o durante mis tareas de proximidad, pero ¿cómo identifico un delito ambiental?”, planteó. “O sea, ¿cómo sé que la persona, el pajarero que trae los pájaros en las jaulas, está como cometiendo un delito o es una falta administrativa?”, ejemplificó.
Con cinco capítulos y dos anexos, el manual desglosa procedimientos policiales, fundamentos legales y criterios para distinguir entre faltas administrativas y delitos penales. Uno de sus apartados es un catálogo visual de especies traficadas por estado, elaborado a partir de solicitudes de acceso a la información y cotejado con los registros de distribución de la CONABIO.
Durante el desarrollo del proyecto, los autores capacitaron a corporaciones como la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y policías municipales en entidades como Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas capacitaciones, explicó Carpio, permitieron probar la claridad y aplicabilidad del material.
Capacitación policial para la identificación de delitos ambientales para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.
“La respuesta fue positiva por parte de las entidades policiales. Si existía una intención genuina de decir: “Yo cuando me encuentro esto no sé qué hacer, ¿cómo le hago?”, contó Carpio.
Tras su publicación, el equipo de investigación buscará darle la mayor difusión posible al proyecto.
Los delitos ambientales
Los delitos ambientales son actos u omisiones que dañan gravemente al entorno natural y que están tipificados en la legislación penal como conductas sancionables. En México, el Código Penal Federal reconoce como delitos ambientales aquellas acciones que afectan la biodiversidad, el equilibrio ecológico, los recursos naturales y la salud pública. Entre ellos se encuentran la tala ilegal de árboles, el tráfico y posesión de especies en peligro de extinción, la contaminación de cuerpos de agua, suelo o aire, así como la caza o pesca ilícitas.
También se consideran delitos ambientales la extracción o aprovechamiento indebido de recursos forestales, el manejo inadecuado de residuos peligrosos, la modificación no autorizada de ecosistemas protegidos y la construcción en zonas naturales sin los permisos correspondientes. Muchos de estos crímenes están asociados a redes de tráfico ilegal, prácticas empresariales negligentes o actividades extractivas no reguladas que violan las normas ambientales nacionales e internacionales.
Entre 2015 y 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró más de 20 mil delitos ambientales, cifras que no reflejan la realidad ante una gran “cifra negra” de casos no denunciados. En 2021 México fue señalado por Global Witness como el país más letal para personas defensoras del ambiente, con 54 asesinatos registrados.
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