M.C. María del Refugio Manjarrez Montero
Vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.

Sinaloa enfrenta un retroceso preocupante en su mercado laboral formal. Durante el primer trimestre de 2025, el número de patrones registrados ante el IMSS disminuyó alrededor de un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando el primer descenso desde 2023 (CODESIN, 2025). Esta caída contrasta con la tendencia positiva observada en años recientes y plantea dudas sobre la capacidad de la entidad para mantener su dinamismo en la generación de empleos con seguridad social. El dato adquiere mayor relevancia al considerar que, en promedio, Sinaloa reportó 611,516 trabajadores formales en ese mismo trimestre, lo que representa una pérdida de 6,790 plazas (-1.1%) frente a 2024 (CODESIN, 2025).

El fenómeno no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave concentran más del 70% de los patrones registrados (CODESIN, 2025), lo que significa que su desempeño económico influye directamente en las cifras estatales. Cuando estas localidades enfrentan dificultades, el impacto se refleja rápidamente en los indicadores laborales de toda la entidad. Esta contracción podría estar relacionada con un entorno adverso caracterizado por la inseguridad, la sequía recurrente y la falta de apoyos institucionales focalizados (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2025; snieg.mx, 2025). Estos factores desincentivan la inversión y obligan a muchas pequeñas y medianas empresas a reducir operaciones o incluso cerrar, especialmente en zonas rurales donde la agricultura sigue siendo un motor clave de empleo.

Las implicaciones de esta tendencia son profundas. Una menor cantidad de patrones significa, en términos prácticos, una reducción en la capacidad de contratación formal, lo que limita las oportunidades laborales con acceso a prestaciones como salud, ahorro para el retiro y otras garantías. Además, existe el riesgo de que muchos trabajadores desplazados terminen en la informalidad, donde carecen de protección social y enfrentan condiciones más precarias. A nivel fiscal, el fenómeno también afecta los ingresos del IMSS y la recaudación estatal, lo que a su vez puede comprometer la calidad de los servicios públicos. Esta situación no es exclusiva de Sinaloa: a nivel nacional, la generación de empleos formales en 2024 fue la segunda más baja en 15 años, con apenas 213,993 nuevas plazas, muy por debajo de la meta anual de 1.2 millones (México Cómo Vamos, 2025; IMSS, 2025).

Revertir esta tendencia requiere acciones concretas. Fortalecer la seguridad en zonas estratégicas para empresas y campos agrícolas podría reducir la percepción de riesgo y fomentar la inversión. También serían útiles incentivos fiscales o financieros dirigidos específicamente a las mipymes, siempre que estos apoyos estén vinculados al mantenimiento de empleos formales. Otra línea de acción es la diversificación productiva, buscando articular mejor los sectores agroindustriales con servicios logísticos, turísticos o tecnológicos que puedan absorber mano de obra. Finalmente, programas de capacitación y acompañamiento empresarial podrían ayudar a los pequeños empleadores a navegar en un entorno económico complejo.

La disminución en los registros patronales del IMSS en Sinaloa es un síntoma de problemas más profundos que afectan la estructura productiva del estado. Si no se toman medidas oportunas, el riesgo es que la informalidad crezca, los ingresos familiares se vean presionados y la capacidad recaudatoria del gobierno se debilite. La recuperación no solo debe buscar recuperar los números previos, sino también construir una base más sólida que permita resistir futuras crisis. Esto implica no solo políticas laborales, sino también seguridad, desarrollo económico y atención a sectores clave como el agropecuario. El empleo formal es un pilar del bienestar social, y su deterioro tendría consecuencias que irían mucho más allá de las estadísticas.