El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, confirmó que durante la crisis de seguridad en Sinaloa se han registrado múltiples atentados contra trabajadores en vía pública de diversas empresas. El también activista considera necesario que las empresas hagan la denuncia correspondiente ante la autoridad cuando sus empleados son víctimas de un hecho violento.

De acuerdo con Loza, la denuncia ciudadana es primordial para poder atender los problemas de seguridad que la sociedad sinaloense padece. Además, considera indispensable que las empresas con trabajadores vulnerables participen en la creación de estrategias para el resguardo del empleado.

“Si están en funciones para una empresa y durante su jornada de trabajo se enfrentan a amenazas o violencia, debe haber una implicación directa de la empresa para garantizar su seguridad”, expresó el funcionario estatal en entrevista.

 

Una cantidad indeterminada de trabajadores de Sinaloa, y en particular de Culiacán, epicentro de la crisis de seguridad que se recrudece desde septiembre de 2024, han enfrentado situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica.

Tan solo de la planta Culiacán de Coca-Cola, por lo menos 18 trabajadores han sido víctimas de hechos violentos, entre los que se cuentan amenazas, despojos y golpes.

Aunque Jaime Álvarez, líder de la sección 73 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora, confirmó los hechos, la vocera de la autoridad de seguridad estatal, Verona Hernández, aseguró que no se tiene registro de reportes o denuncias al respecto en el 911.

Loza reconoce que las empresas pudieran tomar la decisión, por temor a algún escalado en las agresiones, de manejar los incidentes de manera interna. Sin embargo, cree que es responsabilidad social hacer de conocimiento de la autoridad las situaciones que ponen en riesgo a sus colaboradores.

“Si callamos, los fenómenos violentos crecen. El deber ciudadano es informar a la autoridad lo que está ocurriendo. Si no se denuncia, la autoridad no tiene margen para actuar”, afirmó.

Zonas de alto riesgo en medio de la violencia al norte de Sinaloa.

 

Loza recordó que en meses pasados hubo reportes desde municipios como Elota, Cosalá y San Ignacio sobre condiciones de alto riesgo para proveedores y transportistas, lo cual derivó en desabasto y afectaciones económicas.

“Los trabajadores, organizados o no, tienen derecho a plantear a sus empleadores si las condiciones de seguridad en un lugar son deficientes. En casos donde es público y notorio que un área es peligrosa, el patrón debe escucharlos y valorar la situación”, explica.

 

Aunque en semanas recientes la CEDH no ha recibido quejas formales por negligencia empresarial ante estos hechos, Loza confirmó que durante 2023 sí hubo reportes relacionados con violencia en el contexto laboral.

Finalmente, expresó su expectativa de que las recientes acciones de vigilancia de las autoridades estatales ayuden a reducir los riesgos para quienes trabajan en la vía pública.

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