Las estadísticas de violencia a la baja en Sinaloa que esta mañana presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, son tan reales como también es verídica la percepción pública de violencia persistente y crímenes de alto impacto que impiden se asiente la sensación de tranquilidad y legalidad como premisas de largo aliento.

Según los datos del funcionario federal, en julio Sinaloa reportó 20 por ciento menos homicidios en comparación con el mes de junio y además se logró detener a 35 personas generadoras de violencia, lo cual atribuye a la Estrategia Nacional de Seguridad que procede al incremento de estado de fuerza militar y policial.

La versión oficial carece de la confianza que motive buenas expectativas en la población, por más que esté soportada en realidades donde el crimen organizado durante algunos días baja de intensidad sus enfrentamientos y por lo tanto el número de víctimas, y de pronto retoma saldos terribles como los 17 homicidios dolosos del domingo 10 de agosto.

La sociedad sinaloense ya no quiere saber de indicadores de incidencia delictiva que el Gobierno Federal matiza y los grupos del narcotráfico en choque recalcan, pues lo esencial es saber qué hará el Estado mexicano para ponerle fin a todos los modos de crisis derivados del enfrentamiento en el Cártel de Sinaloa, en la cercanía de que el conflicto entre narcos cumpla un año de pérdidas inestimables.

No deja de ser un parte de guerra el informe de seguridad que rindió García Harfuch en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mismo que ha venido a presentar en Culiacán, pues opta por números y discursos que no denotan disposición a atender los impactos sociales y económicos. Es positivo que los homicidios dolosos presenten tendencia a la baja, pero la urgencia ahora consiste en cómo levantar a Sinaloa del derrumbe a consecuencia de la ofensiva criminal.

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