El 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la imposición de precios mínimos de exportación para el tomate mexicano. De acuerdo con Mario Haroldo Robles, presidente de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas, esta medida va orientada a proteger a la industria nacional, luego de que se diera por terminado el Acuerdo de Suspensión del Tomate con Estados Unidos el pasado 17 de julio.

Fueron la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, quienes tomaron la decisión de establecer precios mínimos de exportación al tomate mexicano. El anuncio explicaba el propósito de la decisión esta forma:

“Asegurar la producción e incrementar la competitividad nacional, así como integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio y el abasto de productos destinados al consumo básico de la población”, se puede leer en la nota del DOF.

 

¿Por qué imponen precios mínimos al tomate mexicano?

 

La reciente imposición de precios mínimos de exportación para el tomate mexicano busca preservar los estándares comerciales que, desde 1996, han regido bajo el Acuerdo de Suspensión del Tomate (AST) con Estados Unidos.

Enrique Riveros, productor sinaloense y ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, explicó que la medida pretende mantener las condiciones de calidad y precio que los productores han cumplido durante décadas, evitando que la terminación del acuerdo afecte el nivel del producto que se exporta.

“La finalidad de esto es mantener un mercado ordenado. El mercado del tomate, gracias al acuerdo de suspensión estaba realmente muy ordenado. Al eliminar el acuerdo, se eliminan también esas reglas que le daban el orden. Lo que está proponiendo gobierno es continuar con lo mismo: volver a implementar esas reglas pero por un acuerdo tomado aquí en México. Que la competencia sea por mejores productos y mejor calidad, no echar a perder todo ese orden que se ha logrado“, dice Enrique Riveros en entrevista para Espejo.

 

Por su parte, Mario Haroldo Robles, negociador del AST, señaló que esta regulación es consecuencia de la decisión unilateral de Estados Unidos de abandonar el pacto en julio. Con el fin del acuerdo, se eliminaron los precios mínimos y se impusieron tarifas compensatorias, dejando a los productores mexicanos sin un marco que evitara acusaciones de dumping.

El AST ya contemplaba precios mínimos obligatorios para las exportaciones, con el objetivo de prevenir sanciones por vender por debajo del costo de producción. Ahora, a partir de agosto de 2025, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fijarán esos precios de forma independiente.

Robles subraya que el precio del tomate es altamente volátil en el mercado internacional, debido a factores como condiciones climáticas adversas que alteran la oferta y demanda. Esto puede llevar a productores a vender por debajo de sus costos para recuperar parte de la inversión, incurriendo así en dumping, tal como lo han señalado productores estadounidenses en el pasado.

La nueva reglamentación, sostiene, protege a México de futuras acusaciones de comercio desleal y respalda a los productores nacionales que cumplen con los estándares de calidad establecidos en el antiguo acuerdo.

Tanto Robles como Riveros coinciden en que la imposición de precios mínimos no afectará la competitividad del tomate mexicano en el mercado estadounidense.

Si acaso, dice Riveros, los precios mínimos mantienen un incentivo para que los productores mexicano se sigan esforzando en mejorar la calidad del fruto que exportan, lo que termina propiciando mejores condiciones de mercado. Sobre la reacción de los productores al anuncio, el ex presidente de la AARC comenta que han sido mayormente a favor de la medida.

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