Después de la reforma judicial que pone en vilo la independencia de la Corte ante el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa hoy la reforma electoral cuya polémica se ha centrado en la posible desaparición de las posiciones plurinominales que  les son asignadas en los congresos nacional y estatales a partidos que son minorías políticas.

La perversión en el manejo de las cuotas por representación proporcional divide a la opinión pública respecto a si éstas deben seguir como conquista de la democracia que abona a los contrapesos legislativos, o eliminarlas para contener la creciente partidocracia que es cara y aporta pocas evidencias de ser útil para el país.

Los partidos que no obtienen la confianza a los electores han hecho de las pluris un medio para llegar a los congresos sin que la voluntad popular los beneficie, optan por aliarse al mejor postor y operan para beneficio de actores y factores políticos sin significarle beneficio a los ciudadanos que si bien es cierto no los eligieron sí cargan con el peso de burocracias perniciosas.

Sin embargo, la reforma electoral cuyos trabajos la presidenta Sheinbaum ha puesto a cargo Pablo Gómez, uno de los suyos y de su partido Movimiento Regeneración Nacional, podría necesitarla México en caso de pretender el avance de la democratización, sin la sombra de la sospecha de que la intención consiste en continuar con la ruta al autoritarismo donde  la llamada Cuarta Transformación  posee el control absoluto de los poderes Legislativo y Judicial y ahora va por el sometimiento de la institución electoral.

La reforma política debe sustentarse en análisis profundos y consensos genuinos para determinar qué le sirve y qué le perjudica al país con el actual marco regulador de los procesos electorales. A pesar del optimismo que ve ve venir más de la concentración de poder presidencial, es fundamental el enorme ejercicio de participación ciudadana, sin simulaciones, para que los mexicanos decidan sobre lo que es de ellos: la voluntad popular.

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