Culiacán, Sinaloa.- Pobladores pertenecientes a la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo, consideran la idea de detener los trabajos de construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) si las autoridades federales no atienden las denuncias presentadas por las comunidades de manera transparente.

Este 12 de agosto una comitiva de funcionarios federales acudió al puerto de Topolobampo a realizar un recorrido por la bahía y tener una reunión con personas de comunidades adyacentes, las cuales mantienen diversos litigios legales en contra de la construcción de este megaproyecto.

En la reunión, en la que estuvieron presentes funcionarios de la Semarnat, la Profepa y el Inpi, pobladores se dijeron decepcionados al sólo recibir de su parte promesas de que sus denuncias se investigarán a fondo y la advertencia de que hay permisos ya otorgados que no se pueden revertir.

Alguno de los funcionarios señaló que, además del equilibrio ecológico, el gobierno también estaba preocupado por el desarrollo, lo cual molestó a los presentes quienes les señalaron que su trabajo es garantizar el cuidado al medio ambiente, “y no más”.

“Usted como Semarnat ¿también es el que tiene que ver con el desarrollo? No, ok. Entonces haga su trabajo, es el medio ambiente y no más. Que estén preocupados por nuestra situación económica, eso es problema de nosotros”, advirtió un pescador presente en la reunión.

Además, les invitó a verificar cuantas personas de las comunidades están actualmente trabajando en los megaproyectos. “Nadie, porque nosotros no necesitamos trabajo, acá lo tenemos”, respondió refiriéndose a la riqueza pesquera de la bahía que buscan defender.

Otra de las presentes reclamó que en más de 12 años han visto cómo la corrupción ha jugado para permitir la instalación de está planta a través de procesos y permisos irregulares, en una lucha en la que ha habido hasta amenazas de muerte en contra de algunos de sus representantes.

“Compraron a Semarnat del gobierno pasado, y tenemos pruebas de eso porque también han querido comprar a las autoridades de aquí. A Felipe Montaño ¿cuando no le ofrecieron? Hasta lo amenazaron de muerte, amenazaron de muerte a todas las personas que andan adelante en está lucha”, recordó.

En este sentido, la mujer señaló que las autoridades están orillando a las comunidades indígenas a ‘tirarles toda la construcción que tienen ahí’.

“Es lo que el gobierno está buscando, provocar violencia porque han sido largas y más largas… y así se la han ido llevando y llevando y miren hasta donde llevan la construcción. Entonces ¿qué quiere el gobierno? ¿que se desate una guerra? lo vamos a hacer”, dijo molesta.

Otro pescador, advirtió a los funcionarios federales que en la bahía “la cosa está que arde” pues los pescadores están a punto de “ir por esa cosa para echarla por fuera”.

“Así cómo se metieron ellos nosotros los podemos sacar”, advirtió.

“Ustedes van entrando, pero nosotros tenemos 60, 70, 80 años aquí. La cooperativa tiene 63 años trabajando para toda la comunidad. ¿Cómo creen que no nos vamos a enterar de lo que nos quieren hacer en la bonita bahía que tenemos? Nosotros podemos dar la vida quitando esa cosa de ahí”, dijo.

Otra mujer, encargó a los funcionarios enviar a la secretaria Alicia Bárcenas el mensaje de que tiene que acudir y tomar cartas en el asunto, porque a pesar de que hasta el momento las comunidades han buscado respetar las leyes, están dispuestos a defender su bahía.

“Ustedes vinieron a informar, pero de información estamos llenos, sabemos más que ustedes de esa bahía y de los riesgos que nos van a afectar. Ustedes saben que todo está ilegal, lo saben…. Pero para nosotros la vida no tiene precio, la vida ni se vende ni se compra y los gobiernos de aquí desgraciadamente le pusieron precio a nuestra vida”, puntualizó.

 

La visita fue prometida hace alrededor de dos meses por la titular de la Semarnat Alicia Bárcena, quién no acudió al puerto. Además, en un primer momento se indicó que estaría presente la titular de la Profepa, Mariana Boy, quien tampoco acudió.

En la reunión estuvieron presentes los funcionarios Jaime Vazquez Bracho, titular de coordinación social de la Semarnat; Francisco Uribe, titular de vinculación social de la Profepa; Alfredo Arellano, director general de Zofemat; Marco Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, Renato Ocampo Alcantar, nuevo titular de la Semarnat en Sinaloa; e Iván Ramos, Coordinación de Derechos Indígenas del INPI.

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