M.C. María del Refugio Manjarrez Montero
Vicepresidente del colegio de economistas del Estado de Sinaloa

 

Sinaloa, conocido como el “granero de México”, aporta el 9.1 % del valor total de la producción agrícola nacional en 2024. Sin embargo, este logro esconde una realidad incómoda: la creciente desigualdad en el campo. A cinco años de la entrada en vigor del T-MEC, el tratado que prometía abrir oportunidades se ha convertido en un terreno desigual para los pequeños productores, que enfrentan competencia desleal, subsidios mal distribuidos y los impactos cada vez más severos del cambio climático.

Mientras las grandes agroexportadoras sinaloenses envían cada año 3,200 millones de dólares en hortalizas a Estados Unidos y Canadá, miles de ejidatarios sobreviven con cosechas reducidas y precios deprimidos. La sequía ha dejado al 65 % de las presas del estado prácticamente secas, encareciendo los costos y reduciendo la superficie sembrada.

La asimetría en las reglas de juego es alarmante. Estados Unidos destina 42,200 millones de dólares anuales en subsidios agrícolas, mientras México invierte apenas 1,200 millones. Este desequilibrio golpea con fuerza a cultivos clave como el maíz. Sinaloa produce 5.2 millones de toneladas de maíz blanco para consumo nacional, pero enfrenta un mercado inundado por 18 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense, subsidiado y vendido a precios artificialmente bajos. El resultado ha sido una caída del 22 % en el precio local del maíz en solo tres años, un golpe directo a la economía de los pequeños productores. Con base en una encuesta realizada a Don José, ejidatario de Angostura, lo resume así: “Antes sembrábamos 10 hectáreas; ahora solo 3 porque no sale pa’ los fertilizantes”.

Los programas federales, que deberían mitigar estos impactos, muestran sesgos claros. En 2023, el programa Fertilizantes para el Bienestar distribuyó 285,000 toneladas en Sinaloa, pero el 70 % fue a medianos y grandes productores. Mientras tanto, solo el 15 % de los pequeños productores accede a crédito, en contraste con Canadá y Estados Unidos, donde se otorgan apoyos directos por hectárea y financiamiento accesible. El contraste es más evidente en casos como el de cooperativas de mujeres en Guamúchil, dedicadas a producir garbanzo orgánico para exportación, que deben competir contra productores canadienses que reciben hasta 4,500 dólares por hectárea en subsidios, sin contar con respaldo institucional.

El cambio climático se suma a esta ecuación adversa. Con presas operando aproximadamente en 20% de su capacidad y una ola de calor en 2024 que provocó pérdidas por 800 millones de pesos en tomate y chile, dos pilares hortícolas del estado, el riesgo para la seguridad alimentaria es real. A esto se agrega la brecha tecnológica: mientras corporativos como Del Fuerte operan con riego por goteo y drones, la mayoría de los ejidatarios depende de lluvias cada vez más erráticas. La innovación agrícola, en vez de democratizarse, se concentra en quienes ya poseen capital y acceso a mercados internacionales.

Pese al panorama, existen alternativas viables. Desde el CIAD Culiacán u otra institución se debe de impulsar un modelo de invernaderos solares para pequeños productores, y se podría iniciar como prueba piloto en Eldorado para demostrar que la tecnificación puede ser inclusiva. Asimismo, promover una Red de Mercados Locales sinaloenses que promueva la venta directa del productor al consumidor, mejorando márgenes y reduciendo la dependencia de intermediarios. No obstante, estas iniciativas de emplearse requieren un marco legal y financiero sólido para escalar.

La exigencia al gobierno es clara: revisar el capítulo agropecuario del T-MEC, en particular el Artículo 3.12, para frenar la competencia desleal derivada de subsidios externos; aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral estatal, bloqueada en el Congreso de Sinaloa desde 2022; y transparentar la asignación de subsidios con auditorías públicas que garanticen que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

El T-MEC ha consolidado a México como líder exportador de tomate y pepino hacia Estados Unidos, pero ha olvidado a quienes sostienen la seguridad alimentaria interna. Si no se corrige el rumbo, el campo sinaloense corre el riesgo de convertirse en un espacio donde solo sobreviven los grandes capitales, mientras las comunidades rurales se vacían y la dependencia alimentaria se profundiza. Es momento de pasar del discurso a la acción y medir el éxito agrícola no solo por las cifras de exportación, sino por el bienestar de quienes trabajan la tierra. Solo así Sinaloa podrá seguir siendo el granero de México, no solo en las estadísticas, sino en la vida de su gente.