Si bien es cierto que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa se registra la baja en incidencia de homicidios dolosos y robo de vehículos, de igual manera es verdad que la estadística de personas privadas ilegalmente de la libertad se sostiene como violencia de alto impacto y requiere de mayor eficacia de parte de las autoridades estatales y federales para abatir este tipo de delitos.

A diario se conocen nuevas fichas de búsqueda de sinaloenses que en lo individual y lo familiar son víctimas de desaparición forzada, hechos que delatan la ineficacia en las investigaciones para prevenir las agresiones o localizar y poner a salvo a los afectados, así como llevar ante la justicia a los que perpetran las acometidas criminales.

Por más que el tema está presente en la conversación y preocupación públicas y escala al nivel de crisis humanitaria, las desapariciones de personas es un ilícito que la autoridad oculta y de tal disimulo deriva la poca efectividad en combatirlo, estimándose en mil 867 casos ocurridos, un promedio de 5.5 diarios, en el lapso que comprende del 9 de septiembre de 2024 al 16 de agosto de 2025.

Llama la atención el poco comedimiento y los malos resultados respecto a desapariciones forzadas, en contraste con avances positivos que reporta el Gabinete de Seguridad estatal en lo que respecta a asesinatos y robo de vehículos, lo cual abre pauta al planteamiento de por qué los operativos del Ejército, Marina y Guardia Nacional no son direccionados hacia este fenómeno agudizado durante la llamada narcoguerra.

En Sinaloa la privación de la libertad a través de la violencia actúa como uno de los principales generadores de miedo y dispersores de la percepción de inseguridad en la gente pacífica, por lo tanto debemos crecer la exigencia de que los gobiernos federal y estatal y las fiscalías local y nacional evidencien más empeño en encontrar a los desaparecidos, anticiparse la acción criminal que los secuestra, y ubicar y detener a los perpetradores.