Culiacán vive la catarsis de ciudadanos que de la vida pacífica transmutan a las movilizaciones en exigencia de seguridad pública, o que demandan la acción del gobierno para que imponga la ley cuando todo indica que la fuerza de los criminales domina encima de la voluntad de las autoridades por restablecer la vigencia del marco legal.

Así, casi de manera simultánea, vemos que los habitantes del sector Chapultepec realizan una manifestación en demanda de seguridad pública porque sienten perdido el derecho de vivir en paz debido a la acción de la delincuencia, al mismo tiempo que las autoridades brillan por su ausencia en asincronía con la demasiada presencia de perpetradores de distintos tipos de delitos.

De la misma manera proceden los agraviados por la desaparición de tres integrantes de una familia sucedida mientras se dirigían de Culiacán a Mazatlán y cuya última ubicación es la zona de la Cruz de Elota, optando familiares y amigos por marchar de Catedral a La Lomita como única manera de lograr que se activen los mecanismos para localizarlos y retornarlos a sus hogares.

Culiacán se convierte en la ciudad donde la protección a las familias no ocurre como garantía constitucional sino que se implora por ciudadanos y sectores, mientras que la Fiscalía General del Estado e instituciones de seguridad pública se exhiben con poca capacidad de respuesta frente a la reincidente acción de los criminales.

La gente marcha para hacer que los derechos humanos sean respetados y los gobiernos federal, estatal y municipales salgan de la triste situación de administradores pasivos de la estadística de víctimas de la violencia. Al desfilar los sin justicia, los que no ven la culminación del salvajismo instaurado por criminales, también las instituciones y quienes las dirigen caminan hacia el borde del abismo de la ingobernabilidad.