Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya advirtió que cualquier persona que sea señalada por el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada deberá responder ante la justicia, siempre y cuando existan denuncias y pruebas que lo sustenten.
El mandatario estatal fue cuestionado sobre si teme que funcionarios en activo puedan ser vinculados por el líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien el lunes 25 de agosto se declaró culpable en una corte de Brooklyn, Nueva York, aceptando haber pagado sobornos a policías, militares y políticos en México.
“No me hables de ese tema, ya pasó. Pregúntelo allá, es un tema judicial, esa historia búsquenlo en otro lado. Todo puede ocurrir, simplemente debe haber las denuncias respectivas, así lo dice la presidenta, es exactamente eso. Todo, todo… tienen que haber denuncias y pruebas, evidencias y si eso ocurre, pues obvio que todo mundo está obligado a someterse a la justicia”, afirmó a pregunta expresa realizada por Revista ESPEJO.
La postura del mandatario se da en medio de una crisis de violencia que golpea a Sinaloa desde la detención de Zambada en julio de 2024. En poco más de un año, la disputa interna entre facciones del cártel ha dejado más de 1 mil 700 homicidios, cerca de 2 mil desapariciones y el desplazamiento de más de 3 mil familias en el estado.
El acuerdo judicial de “El Mayo” con la fiscalía de Estados Unidos fue calificado como una “victoria histórica” por la fiscal general Pam Bondi, quien aseguró que el capo de 78 años pasará el resto de su vida en prisión federal.
La sombra de Zambada sigue alcanzando a la política sinaloense. Apenas en agosto de 2024, su abogado, Frank Pérez, dio a conocer una carta presuntamente escrita por el capo en la que se afirmaba que había sido citado a una reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda y el propio gobernador Rocha Moya, previo a su secuestro por Joaquín Guzmán López. En esa misma carta se señalaba que Cuén habría sido asesinado en el lugar del plagio.
Aunque el documento fue puesto en duda por autoridades mexicanas, las revelaciones mantienen viva la sospecha de vínculos entre el poder político y el narcotráfico en Sinaloa, una relación que, por ahora, el gobernador prefiere no discutir.
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