A pesar de que la Guardia Nacional reporta la reducción del 46 por ciento en el robo de vehículos cometidos en la maxipista Culiacán-Mazatlán y la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que hay la baja del 25 por ciento en homicidios dolosos en México, la percepción de inseguridad en Sinaloa continúa enquistada debido a que la delincuencia no da tregua ni señales que signifiquen certezas de que la paz positiva sea alcanzada a corto o mediano plazo.

Hechos de ayer como los bloqueos carreteros que se creían desterrados del catálogo de incidencia criminal y el reporte de seis homicidios dolosos, redundan en la falta de condiciones para que la población retorne a niveles de tranquilidad que le permitan retomar las actividades normales sin que esté bajo riesgo ante la acción delincuencial que algunos días baja de intensidad y en otros vuelve a diseminar terror y reto y al gobierno.

Los sinaloenses hemos aprendido a descifrar los códigos con los cuales las autoridades matizan el tema de la violencia derivada del choque entre células del Cártel de Sinaloa, procediendo a no otorgarle la credibilidad completa y haciendo cálculos propios desde cada persona o familia que permitan asumir previsiones sin correr riesgos en los intentos por recuperar los espacios que pertenecen a la ciudadanía de bien.

Las afirmaciones de que estamos más seguros, que en las semanas recientes se han vuelto igual de repetitivas como infundadas, pretenden elucubrar escenarios paralelos de tranquilidad y legalidad, al mismo tiempo que los criminales hacen lo propio para prolongar el miedo e incertidumbre que desde hace un año domina y captura a los sinaloenses sin distingos.

Sí hay avances en el combate a la delincuencia, pero no los suficientes para confiar a ciegas que el gobierno garantiza la integridad física y patrimonial de los sinaloenses en sus quehaceres lícitos. De ahí deriva que el olfato social se haya agudizado para otear la falsedad de conjeturas y llamados a que volvamos a la normalidad en situaciones evidentemente anormales.