Al iniciar el lunes próximo la aplicación de sanciones a automovilistas que utilicen en los cristales de sus vehículos polarizados de grado prohibido, estará a prueba la voluntad de las autoridades para corregir la infracción a la norma o convertirla en otro foco de corrupción donde el pago de sobornos exente el cumplimiento de la ley, como ha sucedido en otras disposiciones de vialidad y tránsito.

De acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, la medida aplica en los 20 municipios de Sinaloa a partir del 1 de septiembre, dentro del programa “Movilidad Segura” que tiene que ver con la visibilidad hacia dentro de los automotores que permita verificar quién y cómo viaja.

Anteriores medidas similares, que inclusive llevaron a ajustar los bandos minicipales de orden y buen gobierno, como son los casos de prohibición de uso de teléfonos celulares mientras se conduce y respeto a las zonas destinadas para ciclovías, fracasasaron al no ir más allá de la enunciación de dicha acción y la falta de supervisión hizo que los ordenamientos acabaran siendo letra muerta.

La deficiente supervisión y los elásticos programas de combate a la corrupción son la mezcla perfecta para que la población también desobedezca la disposición oficial consistente en aplicar multas por exceder los porcentajes permitidos en el uso de polarizados, pues los infractores siempre hallan abierta la puerta de la “mordida” para zanjar rápido lo que el gobierno no resuelve de fondo.

Si ajustamos la realidad con la experiencia en este tipo de temas, la prohibición de polarizados de grado prohibido se aplicará dura contra ciudadanos de bien, pero la delincuencia organizada o los influyentes servidores públicos gozarán de la dispensa que es lo más cercano a la impunidad. ¿Acaso ya aprendió el gobierno la mentalidad de todos coludos o todos rabones cuando se trata de aplicar acciones que protejan a los sinaloenses de los diferentes tipos de peligros?